El derecho consuetudinario en Argentina se basa en normas jurídicas no escritas que se cumplen debido a que se han convertido en costumbre a lo largo del tiempo. Para que una conducta sea considerada como costumbre jurídica, debe cumplir con requisitos como el uso repetitivo y generalizado, la conciencia de obligatoriedad y la antigüedad. Aunque no requiere del respaldo del Estado para ser considerado jurídico, el respaldo estatal consolida el marco legal de la costumbre. El derecho consuetudinario coexiste con el derecho escrito en Argentina y es reconocido y respaldado por la Constitución Nacional.

El sistema constitucional argentino reconoce la primacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas y establece los procedimientos para su aprobación y ratificación. La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en casos relacionados con tratados internacionales.

En Argentina, las leyes y normativas establecen los procedimientos y reglas para la recepción y tratamiento de denuncias en el ámbito del mercado de capitales. Se permiten denuncias anónimas y se establecen requisitos para su presentación. La Comisión Nacional de Valores (CNV) es la encargada de recibir y tramitar las denuncias, realizando investigaciones reservadas y aplicando sanciones en caso de comprobarse irregularidades. Además, la CNV puede actuar de oficio ante presuntas irregularidades administrativas.

La demanda en el ámbito de las leyes de Argentina es el acto procesal mediante el cual una persona inicia un proceso judicial para solicitar la protección de sus derechos o intereses. A través de la demanda, se establecen las pretensiones del demandante y se inicia el proceso judicial. Es un instrumento fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y garantiza un proceso justo y equitativo.

Realizar una denuncia falsa en Argentina conlleva graves consecuencias legales. Según el Código Penal, se puede enfrentar prisión de uno a tres años y multas. Además, se corre el riesgo de perder credibilidad y reputación. Es importante considerar que las consecuencias pueden variar según la jurisdicción.

El Derecho Civil en Argentina regula las relaciones civiles o privadas de las personas en el país, abarcando el estado civil, derechos y deberes familiares, propiedad, derechos reales, obligaciones y contratos, y sucesiones. Se divide en cuatro ramas y se basa en el derecho romano, siendo aplicable a todas las personas en el territorio nacional.

En Argentina, las demandas colectivas están reguladas por la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial de la Nación. Estas leyes establecen los requisitos para presentar una demanda colectiva, los derechos de los consumidores afectados y las medidas que pueden adoptar los tribunales en el marco de estas demandas.

El delito doloso en Argentina se compone de varias etapas que deben cumplirse para que se configure. Estas etapas incluyen la voluntad de cometer el delito, la planificación, la ejecución, la consumación, el resultado delictivo, la causalidad, la imputabilidad y la tipicidad. Cada una de estas etapas es fundamental para imputar al autor del delito. Es importante tener en cuenta que estas etapas pueden variar según el tipo de delito y la legislación penal aplicable en Argentina.

El delito en Argentina se define como una conducta penada por la ley, con posibles sanciones de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. La ley se aplica tanto en territorio argentino como en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas. Además, se establecen diferentes tipos de penas y condiciones para la condena condicional y la reparación de perjuicios causados.

El procedimiento de flagrancia en Argentina implica un proceso legal rápido y sencillo cuando una persona es sorprendida en el acto de cometer un delito. El juez resuelve todas las cuestiones en una audiencia pública, donde la víctima tiene derecho a asistir y ser escuchada. La ley 27.272 establece el marco legal para este procedimiento, buscando agilizar y simplificar el proceso penal en casos de flagrancia.

El Código Penal de Argentina no define el término "delito leve", pero establece categorías de delitos y sus respectivas penas.

El delito de amenazas en Argentina se refiere a la realización de acciones o emisión de expresiones con la intención de causar daño o poner en peligro a otra persona. Existen diferentes tipos de amenazas contempladas en el Código Penal, y la penalidad varía dependiendo de la gravedad de la amenaza y si se logra o no el propósito de la misma.

El delito de receptación en Argentina se castiga a aquellos que adquieran, reciban u oculten objetos provenientes de un delito, con ánimo de lucro y conocimiento de su procedencia ilícita. La competencia para perseguir y juzgar este delito corresponde a la justicia ordinaria, aunque en casos excepcionales puede intervenir la justicia federal.

El contrato de arrendamiento en Argentina está regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Algunos aspectos importantes incluyen la posibilidad de establecer un domicilio especial, las limitaciones en los contratos de vivienda, el plazo mínimo de la locación, la conservación de la cosa locada, la resolución anticipada del contrato, la renovación del contrato, la intimación de pago y desalojo, las garantías, los ajustes de precio, la consignación, el registro de contratos, el Programa Nacional de Alquiler Social y los métodos alternativos de resolución de conflictos.

El delito de acoso en Argentina se define como el hostigamiento persistente con el objetivo de un acercamiento físico no consentido. Puede darse en diferentes ámbitos y se castiga con multas, trabajos comunitarios y arresto. En el ámbito laboral, se incluye el acoso sexual. El ciberacoso, realizado a través de medios tecnológicos, se castiga con prisión. Todas las formas de acoso tienen graves consecuencias para las víctimas.

El delito de daños en Argentina se refiere a la acción de destruir, inutilizar, deteriorar o alterar una cosa sin consentimiento, causando un perjuicio económico. La pena varía según la gravedad del hecho y puede incluir prisión y el pago de una indemnización por los daños causados.

El deber jurídico en Argentina implica cumplir con las normas y disposiciones legales, respetar los derechos de los demás y acatar las decisiones judiciales. Su incumplimiento puede tener consecuencias legales y está basado en el principio de legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.

La Ley Nº 23.551 de Argentina establece las facultades de un delegado sindical frente al empleador, incluyendo la representación de los trabajadores, participación en negociaciones colectivas, peticionar y representar, participación en la vida interna del sindicato, realización de actividades sindicales, derecho a la información, protección contra discriminación, capacitación, estabilidad laboral y negociación colectiva. Estas facultades buscan proteger los derechos de los trabajadores y promover la participación sindical.

El decomiso en el derecho argentino, regulado en el Artículo 23 del Código Penal, permite a las autoridades estatales quitar la propiedad de un bien sin derecho a resarcimiento. Puede aplicarse a personas físicas y jurídicas, así como a bienes peligrosos o utilizados en la comisión de un delito. El Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados (RNBSD) mantiene una base de datos actualizada. Se pueden adoptar medidas cautelares desde el inicio de las actuaciones judiciales para asegurar el decomiso, pero se deben respetar los derechos de restitución o indemnización del damnificado y terceros. Esta regulación cumple con las recomendaciones internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El delito continuado en Argentina se refiere a la comisión sistemática y reiterada de actos delictivos de la misma especie, con una unidad de propósito. Aunque se cometan múltiples acciones delictivas, se considera como un solo delito para evitar penas excesivas. La configuración del delito continuado no implica impunidad, ya que el autor sigue siendo responsable por cada acto delictivo cometido.

En Argentina, el daño emergente se refiere a la pérdida patrimonial sufrida por una persona debido a un hecho ilícito o incumplimiento contractual. El responsable debe indemnizar al damnificado por el valor de la pérdida, teniendo en cuenta el valor de mercado y de reposición. Es necesario probar la existencia del hecho y la relación de causalidad. En caso de incumplimiento, se puede recurrir a la vía judicial dentro de los dos años siguientes. La jurisprudencia exige pruebas fehacientes y establece la indemnización equivalente al valor de mercado.

La dación en pago es una figura jurídica que permite extinguir una obligación mediante la entrega de un bien distinto al que se debía. Para que sea válida, deben cumplirse requisitos como el consentimiento del acreedor, la aptitud del bien y la libre disposición del mismo por parte del deudor. La dación en pago produce la extinción de la obligación y puede generar impuestos y gastos para ambas partes. Además, debe estar prevista en el contrato en el caso de los préstamos.

El Código Civil y Comercial de Argentina establece que el daño resarcible es aquel que debe ser reparado mediante una indemnización. Puede ser tanto material como moral, y causado por una acción u omisión ilícita. La indemnización debe ser integral, justa y equitativa, y puede incluir gastos médicos y de rehabilitación. La responsabilidad puede recaer en personas físicas o jurídicas, y puede ser solidaria. La acción prescribe en tres años.

"La custodia compartida en Argentina está regulada por el artículo 646 del Código Civil y Comercial."

La curatela es una figura legal que protege y asiste a personas con incapacidad física o mental en Argentina. Se establece a través de un proceso judicial y busca salvaguardar los derechos e intereses de quienes no pueden ejercer plenamente sus derechos. La curatela puede ser total o parcial, dependiendo de la capacidad de la persona, y se busca mantener su autonomía en la medida de lo posible. Es una medida de protección que puede ser revisada y modificada según los cambios en la capacidad de la persona.

La Ley 14.250 regula los convenios colectivos de trabajo en Argentina, estableciendo los requisitos para su celebración, homologación y registro. Además, la ley establece las reglas para la duración, articulación y sucesión de los convenios, así como disposiciones específicas para los convenios vigentes por ultraactividad.

El curador es una figura que se nombra en casos excepcionales de declaración de incapacidad en Argentina. El juez designa a un curador para tomar decisiones en nombre de la persona incapaz, garantizando su bienestar y protección. La limitación de la capacidad jurídica debe ser excepcional y solo aplicarse a ciertos actos específicos en beneficio de la persona.

En Argentina, los crímenes de lesa humanidad se definen como ataques sistemáticos contra la población civil. Estos delitos no prescriben y deben ser investigados y sancionados. Sin embargo, los delitos de la guerrilla en los años 70 no son considerados crímenes de lesa humanidad.

El concepto de contrato en Argentina ha evolucionado hacia una visión más equilibrada que busca proteger los derechos de las partes en situaciones de desigualdad. Se establecen limitaciones a la autonomía de la voluntad y se promueve la constitucionalización del derecho privado, buscando armonizar los derechos individuales con los derechos sociales y orientar el contrato hacia fines útiles y éticos.

Las costas procesales en Argentina se refieren a los gastos en un reclamo judicial. Se imponen al vencido, pero hay excepciones. En casos de derechos de consumo, el consumidor está exento de pagarlas mientras tenga justicia gratuita.

El contrato de trabajo en Argentina se rige por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta ley establece que existe una relación laboral cuando una persona realiza tareas para otra persona física o empresa, bajo su dependencia y recibiendo una remuneración a cambio. Se presume la existencia de un contrato de trabajo, incluso si no se celebra por escrito. La duración del contrato se considera indeterminada, a menos que haya una legislación específica que indique lo contrario. Durante los primeros tres meses, se establece un período de prueba en el que el trabajador puede ser despedido sin indemnización. El contrato debe ser registrado ante la AFIP y el empleador debe pagar las contribuciones y aportes a la seguridad social. La duración máxima de la jornada laboral es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, con excepciones para horarios, edades, regiones e industrias específicas. La Ley Nº 26.390 prohíbe el trabajo infantil y establece protección para los adolescentes. En caso de despido, se requiere previo aviso o indemnización. La liquidación final por despido "sin justa causa" incluye remuneración devengada, indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, integración de la indemnización con los salarios del mes de despido, SAC proporcional y vacaciones no gozadas. Además de la Ley de Contrato de Trabajo, existen otros regímenes laborales y de seguridad social establecidos en leyes específicas y Convenios Colectivos de Trabajo.

El contrato de compraventa en Argentina es un acuerdo en el cual una parte se compromete a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte se compromete a pagar un precio en dinero. Se clasifica como bilateral, oneroso, conmutativo, no formal, nominado, de colaboración, principal, de cambio y en muchas ocasiones, de consumo. Tiene elementos esenciales como el consentimiento, el objeto y la causa, y se distingue de otros contratos.