España

El arraigo social en España requiere residencia continuada de al menos tres años, integración social, ausencia de antecedentes penales, medios económicos suficientes, seguro médico y no estar en situación irregular. La concesión depende de la Administración y se evalúa cada caso de forma individual.

El proceso de solicitud de arraigo laboral en España puede tardar hasta 3 meses, durante los cuales se deben presentar los documentos necesarios y cumplir con los requisitos establecidos. Es importante tener en cuenta que la solicitud puede ser rechazada si no se cumplen los requisitos o no se presenta la documentación adecuada. Una vez aprobada, se debe gestionar la tarjeta de identidad de extranjero y pagar la tasa correspondiente.

El plazo de preaviso para solicitar una excedencia voluntaria puede variar según el convenio colectivo aplicable. Se recomienda hacer la solicitud con al menos 15 días a un mes de antelación. La empresa tiene la obligación de responder en un plazo razonable y, en caso de denegación, debe especificar los motivos. Si se cumplen los requisitos, la empresa está obligada a conceder la excedencia. En caso de denegación injustificada, se puede interponer una demanda ante los Juzgados de lo Social.

El tiempo mínimo de excedencia voluntaria es de un mes de antelación a la fecha de inicio. La empresa puede aprobar o denegar la solicitud, pero si se cumplen los requisitos, debe concederla. Se requiere al menos un año de antigüedad en la empresa y deben haber pasado al menos cuatro años desde la última interrupción temporal.

El proceso de solicitud de arraigo familiar en España puede tardar más de un año en resolverse debido a la sobrecarga de trabajo y errores en la documentación. Se pueden interponer recursos para agilizar el proceso si la solicitud ha sido denegada por silencio administrativo negativo.

Los delitos pueden ser públicos, privados o semipúblicos, y cada uno tiene requisitos diferentes para su persecución. En los delitos públicos, cualquier persona puede denunciarlos, mientras que en los privados se necesita una querella de la persona afectada. En los delitos semipúblicos, se requiere una denuncia de la víctima, pero el Ministerio Fiscal también puede actuar de oficio en ciertos casos. Es importante conocer estas diferencias para saber qué medidas legales corresponden en cada caso. Además, una vez iniciado el procedimiento penal, en la mayoría de los casos no se puede paralizar por el perdón de la víctima.

El arraigo laboral en España es una opción para los extranjeros que han residido ilegalmente en el país durante al menos 2 años. Se requiere una relación laboral de al menos 6 meses, lo que implica denunciar al empleador. El procedimiento incluye la presentación de documentos como el contrato de trabajo y el certificado de antecedentes penales. Se realizará una entrevista personal y, si se cumplen los requisitos, se otorgará un permiso de residencia y trabajo por 1 año, renovable.

En España, los delitos prescriben en diferentes plazos según la gravedad de la pena máxima establecida por la ley. Los plazos van desde los 20 años para delitos con penas de prisión de 15 años o más, hasta los 5 años para los demás delitos, excepto los delitos leves y los de injurias y calumnias que prescriben al año. Sin embargo, hay delitos que no prescriben nunca, como los de lesa humanidad, genocidio y los cometidos en conflictos armados, excepto los contemplados en el artículo 614 del Código Penal. Es importante tener en cuenta que la prescripción se interrumpe cuando se inicia un procedimiento contra el responsable del delito.

El divorcio de mutuo acuerdo se produce cuando ambos cónyuges están de acuerdo en las medidas que regirán su divorcio, mientras que el divorcio contencioso ocurre cuando los cónyuges no pueden ponerse de acuerdo en estas medidas. En el divorcio de mutuo acuerdo, ambos cónyuges presentan la demanda de divorcio y proponen un convenio regulador que recoge los acuerdos a los que han llegado en relación a los hijos, la vivienda, la pensión alimenticia y la liquidación de bienes. En el divorcio contencioso, solo uno de los cónyuges presenta la demanda y las medidas son decididas por el juez.

En caso de divorcio, la persona propietaria de la vivienda será responsable de pagar la hipoteca, incluso si no la utiliza. Si la vivienda está a nombre de ambos cónyuges, lo común es que ambos continúen pagando la hipoteca. En los casos de divorcio con hijos, el uso de la vivienda suele ser otorgado al custodio, pero esto no implica que deba asumir el pago completo. Según el Tribunal Supremo, ambos cónyuges deben compartir el pago de la hipoteca por partes iguales. La excepción es cuando la vivienda está a nombre de un solo cónyuge, quien será el único responsable de pagar la hipoteca. En regímenes gananciales, ambos cónyuges deben pagar al 50%. Si la vivienda es privativa de uno, ese cónyuge asume la responsabilidad. Si la nueva pareja vive en la vivienda hipotecada, se pierde la condición de pago de la hipoteca y se puede solicitar la extinción de la sociedad de gananciales.

Una persona divorciada puede tener derecho a pensión de viudedad según la Ley General de la Seguridad Social. Se deben cumplir requisitos como la cotización previa y la inexistencia de nuevo matrimonio o pareja de hecho. La pensión compensatoria puede ser un requisito y se reconoce una cuantía proporcional en caso de concurrencia de beneficiarios.

Existen diversas causas por las cuales se puede denegar la custodia compartida en España. Entre ellas se encuentran un estilo de vida desorganizado, desatención de cuidados necesarios, cambio de residencia, distancia excesiva entre los domicilios, horarios laborales incompatibles, conducta violenta, problemas de adicción y necesidades médicas especiales. Además, los lactantes menores de dos años generalmente no se consideran aptos para la custodia compartida, a menos que exista un acuerdo mutuo entre los progenitores.

Una vez firmado el divorcio, no se puede anular. Sin embargo, si hay una reconciliación antes de que se cierre el proceso, se puede desestimar. En el caso de una separación, es más sencillo revertirla comunicando la decisión al juzgado. Es importante buscar asesoramiento legal para saber cómo proceder en caso de reconciliación y llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Si te divorcias de un español, podrás mantener la residencia de familiar de comunitario si cumples ciertos requisitos establecidos en el artículo 9 del RD 240/2007. Es importante comunicar la disolución del matrimonio a la Oficina de Extranjería dentro del plazo establecido para evitar perder el permiso de residencia.

El tiempo para volver a casarte después del divorcio en España varía según el tipo de divorcio y los trámites legales. Debes esperar al menos tres meses desde la fecha de tu matrimonio anterior y completar todos los procedimientos legales antes de poder casarte nuevamente. Es importante tener en cuenta que mientras estés separado de hecho o legalmente, no puedes volver a casarte. Una vez que se emita la sentencia de divorcio y se inscriba en el Registro Civil, podrás casarte nuevamente. Recuerda que debes proporcionar una copia del certificado de matrimonio anterior que demuestre su disolución legal.

Cuando un matrimonio no tiene hijos ni padres ni hermanos, la sucesión intestada sigue un orden de parentesco más lejano. Los nietos, los padres, los ascendientes, el cónyuge, los hermanos, los sobrinos y otros parientes colaterales pueden heredar. Si no hay parientes llamados a heredar, la herencia pasará al Estado. Sin embargo, el testador puede designar a quién desea dejar su herencia en un testamento.

En España, los plazos de prescripción de los delitos varían según la pena máxima establecida por ley. Estos plazos van desde cinco hasta veinte años. Sin embargo, hay delitos que no prescriben, como los de humanidad, genocidio y terrorismo con resultado de muerte. La prescripción puede interrumpirse o suspenderse en determinados casos.

En España, el límite máximo de indemnización por despido es de 42 mensualidades. La cuantía de la indemnización depende de la antigüedad del trabajador y del tipo de despido. Además de la indemnización, el trabajador tiene derecho a recibir el finiquito y, en caso de readmisión tras un despido improcedente, los salarios de tramitación.

La patria potestad y la custodia son dos conceptos distintos en España. La patria potestad se refiere a los derechos y deberes de los padres hacia sus hijos, mientras que la custodia se refiere a los cuidados diarios de los menores. La custodia puede ser individual o compartida, y es una facultad derivada de la patria potestad. La privación de la patria potestad puede ocurrir por incumplimiento de deberes o por sentencia en causas criminales o matrimoniales.

Para realizar un divorcio notarial sin abogado, es necesario cumplir con el mutuo acuerdo entre los cónyuges, la ausencia de hijos menores o mayores necesitados de especial protección y contar con la asistencia de un abogado en ejercicio. Aunque no es obligatorio, es altamente recomendable contar con el asesoramiento legal de un profesional para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y la protección de los derechos de ambas partes.

Cuando uno de los cónyuges no se presenta al juicio de divorcio, puede complicar el proceso y hacerlo más largo y costoso. Sin embargo, existen opciones legales disponibles para el cónyuge que desea divorciarse. En un divorcio de acuerdo, el proceso suele ser más rápido y sencillo, mientras que en un divorcio contencioso puede requerir la intervención de un juez. Si el cónyuge no está de acuerdo se niega a firmar los documentos de divorcio, se puede buscar la mediación o el arbitraje. Si no hay cooperación, se puede presentar una petición en el juzgado para disolver el matrimonio sin el consentimiento del otro cónyuge. Aunque el proceso puede ser largo y costoso, el objetivo es lograr un acuerdo justo y avanzar hacia un futuro más saludable.

La custodia compartida implica repartir el cuidado de los hijos entre ambos progenitores, pero su concesión no es automática. Los jueces evalúan factores como la relación entre los padres, la estabilidad física del menor, la disponibilidad de los padres, la relación previa con los hijos, la edad de los menores y la opinión de los mismos. También se consideran alegaciones y pruebas presentadas por los abogados. Es importante contar con expertos en derecho de familia para presentar una solicitud adecuada.

Para obtener un certificado de divorcio en el Registro Civil, es necesario acudir al lugar con la documentación requerida y solicitar la verificación del estado civil. Si se desconoce el juzgado, se puede consultar al abogado que representó en el proceso. Además, si el divorcio se realizó en otro país, es necesario legalizarlo para que sea reconocido en España.

En caso de divorcio, no se pierde la residencia, pero se debe cambiar la tarjeta comunitaria por la de residencia y trabajo. Se deben cumplir requisitos específicos para conservar el derecho de residencia comunitaria. Si no se cumplen, se debe solicitar el arraigo social. Es importante informar del divorcio para evitar problemas al renovar la tarjeta comunitaria.

El testamento verbal, también conocido como testamento nuncupativo u oral, es válido en situaciones de emergencia como el peligro inminente de muerte o una epidemia. Se puede realizar ante testigos idóneos y no requiere forma escrita. Sin embargo, tiene un plazo de validez limitado y, en caso de fallecimiento, se debe iniciar un procedimiento notarial para acreditar su autenticidad.

La donación de la nuda propiedad con reserva de usufructo tiene implicaciones fiscales favorables. El costo de escrituración es menor que transmitir el inmueble por herencia y la extinción del usufructo por fallecimiento no tiene un impacto fiscal. Además, los impuestos locales se pagan al 50% y los impuestos federales están exentos. Es importante tener en cuenta las reformas recientes para evitar interpretaciones subjetivas en relación con el impuesto sobre adquisición de inmuebles y el usufructo.

No acudir a un juicio por delito leve puede tener consecuencias negativas, como una posible condena en ausencia, antecedentes penales y sanciones para funcionarios públicos. Además, si el acusado no tiene abogado, podría tener que pagar los honorarios del abogado de la otra parte. Por eso, es recomendable contar con un abogado para evitar estas consecuencias.

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas es un delito penado por el Código Penal. Se castiga tanto la conducción con tasas de alcoholemia superiores a las establecidas como la conducción bajo los efectos de drogas tóxicas. Las penas incluyen prisión, multa y privación del derecho a conducir. Negarse a hacerse la prueba de alcoholemia también es un delito. En caso de lesiones o muerte de otra persona, se aplica la pena más grave.

El plazo de prescripción de los delitos contra la libertad sexual varía según la gravedad del delito y la pena máxima establecida. Los delitos sexuales prescriben a los 20, 15, 10 o 5 años, dependiendo del caso. Es importante tener en cuenta que estos plazos se aplican a partir del 25 de junio de 2021, fecha en la que entró en vigor una nueva ley que modificó el inicio del plazo de prescripción en los delitos contra menores de edad.

La donación del usufructo de una vivienda es una opción interesante para transmitir el patrimonio inmobiliario a los herederos. Permite reducir la carga fiscal y es especialmente beneficiosa para propietarios de viviendas en alquiler. Sin embargo, es importante contar con un buen asesoramiento antes de llevar a cabo este tipo de donaciones.

La indemnización por despido improcedente se calcula en función de la antigüedad y el salario del trabajador. Se multiplica el salario diario por 33 y por el número de años trabajados. Sin embargo, la indemnización tiene un límite máximo de 24 mensualidades. También existen indemnizaciones especiales para casos específicos, como los despidos por causas objetivas o los despidos de trabajadores temporales.

El despido objetivo se basa en causas relacionadas con el funcionamiento y solvencia de la empresa. Algunas de las principales causas son la ineptitud sobrevenida, la falta de adaptación, las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Estas causas deben cumplir con los requisitos legales establecidos para ser válidas. En caso contrario, el despido puede ser considerado improcedente y el trabajador tendrá derecho a una indemnización mayor.