Derecho Administrativo En Argentina

El silencio administrativo en Argentina está regulado por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. Si la administración no emite una respuesta dentro de los plazos establecidos, se considerará una respuesta negativa. Los particulares tienen la posibilidad de interponer recursos administrativos y contencioso-administrativos para impugnar la falta de respuesta o respuesta negativa de la administración.

La responsabilidad administrativa en las leyes de Argentina se refiere a la obligación de los funcionarios y empleados públicos de responder por sus actos y decisiones en el ejercicio de sus funciones. Implica actuar de manera ética, transparente y eficiente, y rendir cuentas por las acciones realizadas. Se aplican sanciones administrativas en caso de incumplimiento.

La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos en Argentina establece las normas y requisitos para los procedimientos administrativos ante la Administración Pública Nacional. Busca garantizar la participación de los interesados, la celeridad en los trámites y el respeto al debido proceso adjetivo. También establece los requisitos esenciales del acto administrativo, su eficacia, nulidad, revocación, saneamiento y revisión.

En Argentina, la naturaleza jurídica de los intereses en el ámbito de las leyes se encuentra regulada por normas como la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y el Código de Ética de la Función Pública. Estas normas establecen los deberes y pautas de comportamiento ético para los funcionarios públicos y prevén sanciones en caso de violación de estas normas. Además, existen organismos como la Oficina Anticorrupción y la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tienen la autoridad de aplicación de estas normas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento.

La expropiación en Argentina es el proceso legal mediante el cual el Estado o entidades autorizadas adquieren la propiedad de un bien privado para satisfacer el bien común. Puede ser realizada por el Estado Nacional, la Municipalidad de Buenos Aires, entidades autárquicas nacionales y empresas estatales, así como particulares autorizados por la ley. La expropiación puede afectar cualquier tipo de bien, ya sea público o privado, y puede ser específica o genérica. La indemnización se basa en el valor objetivo del bien y los daños directos causados por la expropiación. El proceso se lleva a cabo a través de un juicio sumario y la competencia judicial depende del tipo de bien afectado. La retrocesión procede cuando se cambia el destino del bien o no se le da ningún destino en un plazo de dos años.

En Argentina, las leyes y normativas establecen los procedimientos y reglas para la recepción y tratamiento de denuncias en el ámbito del mercado de capitales. Se permiten denuncias anónimas y se establecen requisitos para su presentación. La Comisión Nacional de Valores (CNV) es la encargada de recibir y tramitar las denuncias, realizando investigaciones reservadas y aplicando sanciones en caso de comprobarse irregularidades. Además, la CNV puede actuar de oficio ante presuntas irregularidades administrativas.

El acto administrativo en Argentina es una manifestación de voluntad de la administración pública que busca generar efectos jurídicos en el derecho administrativo. Es una decisión tomada por un órgano administrativo, unilateral y sujeta a control judicial. Cumple con requisitos formales y sustantivos para ser válido y eficaz.