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Contrato De Trabajo

El contrato de trabajo en Argentina se rige por la Ley de Contrato de Trabajo. Esta ley establece que existe una relación laboral cuando una persona realiza tareas para otra persona física o empresa, bajo su dependencia y recibiendo una remuneración a cambio. Se presume la existencia de un contrato de trabajo, incluso si no se celebra por escrito. La duración del contrato se considera indeterminada, a menos que haya una legislación específica que indique lo contrario. Durante los primeros tres meses, se establece un período de prueba en el que el trabajador puede ser despedido sin indemnización. El contrato debe ser registrado ante la AFIP y el empleador debe pagar las contribuciones y aportes a la seguridad social. La duración máxima de la jornada laboral es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, con excepciones para horarios, edades, regiones e industrias específicas. La Ley Nº 26.390 prohíbe el trabajo infantil y establece protección para los adolescentes. En caso de despido, se requiere previo aviso o indemnización. La liquidación final por despido "sin justa causa" incluye remuneración devengada, indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, integración de la indemnización con los salarios del mes de despido, SAC proporcional y vacaciones no gozadas. Además de la Ley de Contrato de Trabajo, existen otros regímenes laborales y de seguridad social establecidos en leyes específicas y Convenios Colectivos de Trabajo.

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Contrato De Permuta

El contrato de permuta en Argentina se regula en el Código Civil y Comercial. Es un acuerdo en el que las partes se comprometen a transferirse mutuamente la propiedad de bienes no monetarios. Es consensual, bilateral y recíproco, y requiere la transmisión de la propiedad de los bienes permutados. Además, se deben considerar aspectos como el saneamiento por evicción y los requisitos de capacidad de las partes. No se exige una forma específica para su validez.

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Connivencia

La connivencia en las leyes de Argentina implica la colaboración o complicidad en un acto ilícito, ya sea de forma activa o pasiva. En el sistema jurídico argentino, se sanciona tanto la participación activa como la omisión de actuar. La connivencia puede agravar las penas y llevar a cargos adicionales por complicidad. Es esencial probar el dolo del encubridor para que sea castigado. Los profesionales del derecho deben conocer este concepto para aplicar la ley correctamente en casos de connivencia.

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Codigo Penal

El ámbito de validez del Código Penal en Argentina se aplica a los delitos cometidos en el territorio nacional y en lugares sometidos a su jurisdicción. También se aplica a los delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en el ejercicio de sus funciones. Se establece que se aplicará siempre la ley más benigna en caso de que exista una diferencia entre la ley vigente al momento del delito y la ley al momento del fallo. Además, se mencionan las penas establecidas en el Código Penal, como reclusión, prisión, multa e inhabilitación, y se detallan las condiciones para la libertad condicional y el pago de multas. También se mencionan las circunstancias en las que no se considera punible la conducta del acusado, como la falta de comprensión de la criminalidad del acto o la actuación en defensa propia. Por último, se establecen las medidas que se pueden tomar en el caso de menores de edad que cometen delitos.

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Cesion De Creditos

La cesión de créditos en Argentina es la transferencia de un derecho creditorio de un acreedor a un tercero, conocido como cesionario. Debe realizarse por escrito, a menos que se haga por escritura pública o acto público. Es importante notificar al deudor cedido para que la cesión sea válida frente a terceros. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece cambios en la forma de la cesión y los efectos respecto de terceros. Además, se regulan específicamente las cesiones en el contexto del fideicomiso financiero y la ley 24.441 regula la cesión de derechos componentes de carteras de créditos.

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Coaccion

La coacción en las leyes de Argentina es un delito contra la libertad de las personas, donde se afecta la voluntad de la víctima mediante amenazas para obligarla a actuar en contra de su voluntad. Está penado con prisión o reclusión de dos a diez años, dependiendo de las circunstancias. La coacción se diferencia de las amenazas en que se espera un comportamiento específico por parte de la víctima. Se utiliza cuando no queda abarcada por otros delitos en el Código Penal.

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Ciudadania

El concepto jurídico de ciudadanía en Argentina se basa en el principio de igualdad y se otorga a quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley. La ciudadanía argentina confiere derechos como la igualdad, la libertad y la participación política, así como obligaciones como el respeto a las leyes y el pago de impuestos. Los extranjeros en Argentina tienen ciertos derechos y obligaciones, pero no gozan de los mismos derechos políticos que los ciudadanos argentinos.

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Cesion De Derechos

La cesión de derechos en Argentina está regulada por el Código Civil y Comercial de la Nación. Este Código establece los requisitos y procedimientos para la validez de la cesión, así como las limitaciones y restricciones que pueden aplicarse. La cesión de derechos debe ser realizada por escrito y notificada al deudor u obligado, a menos que se haya pactado lo contrario. Además, puede estar sujeta a restricciones legales o contractuales y puede ser revocada en caso de incumplimiento. La oponibilidad frente a terceros también está regulada y puede requerir notificaciones o registros específicos.

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Caucion

La caución en Argentina se encuentra regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Puede ser otorgada de forma voluntaria o legal, y tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación. Puede ser prestada en dinero, bienes o mediante una póliza de seguro. En caso de incumplimiento, la parte beneficiaria puede reclamar el cumplimiento de la obligación o el monto garantizado. El fiador o asegurador responde solidariamente con el deudor principal. Además, los jueces pueden exigir la constitución de una caución como condición para otorgar medidas cautelares en el ámbito judicial.

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