España

El delito de obstrucción a la justicia, regulado en el Código Penal, consiste en acciones dolosas que atentan contra el correcto desarrollo de la Administración de Justicia y los bienes privados de las partes involucradas. Comprende conductas como la incomparecencia injustificada y los atentados contra la libertad de los intervinientes en un procedimiento judicial. También se castiga el intento de influir mediante violencia o intimidación en el proceso y las represalias contra quienes participan en él.

El delito de provocación sexual en España está regulado en el artículo 186 del Código Penal. Castiga la venta, difusión o exhibición de material pornográfico entre menores o personas con discapacidad. La pena puede ser prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses. Se busca proteger la libertad sexual de estos grupos vulnerables y evitar su exposición a material inapropiado.

El delito de realización arbitraria del propio derecho se configura cuando una persona busca hacer valer sus derechos de forma ilegal, empleando violencia o intimidación. Es considerado un delito contra la Administración de Justicia.

El delito de usurpación de funciones públicas consiste en el ejercicio ilegítimo de actos propios de una autoridad o funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. Requiere la intención de actuar como tal sin tener la legitimidad. La pena puede ser de uno a tres años de prisión. Además, se deben cumplir requisitos como el ejercicio de actos propios, la falta de legitimación y la atribución de carácter oficial. La usurpación deja antecedentes penales, que pueden ser cancelados bajo ciertos requisitos legales.

El delito leve de amenazas en España se encuentra regulado en el artículo 171.7 del Código Penal. Se castiga con una pena de multa de uno a tres meses. Para perseguir este delito, es necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, a menos que la víctima sea alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal. Además, se puede aplicar el perdón del ofendido y en casos específicos se imponen penas más graves. La diferenciación entre el delito de amenazas leve y el delito de amenazas menos grave depende de la gravedad y credibilidad de la amenaza, así como de otras circunstancias del caso.

El delito leve de coacciones en España se regula en el artículo 172.3 del Código Penal. Para que se configure este delito, se requiere una conducta de coacción leve, sin una definición precisa. Además, es necesario que la víctima presente denuncia. En casos de violencia doméstica y de género, no se necesita denuncia. Las penas van desde seis meses a un año de prisión, y existen agravantes y atenuantes que pueden influir en la pena impuesta. También se considera acoso o stalking, castigado con penas de prisión de tres meses a dos años.

El delito leve de estafa en España implica una cuantía defraudada de hasta 400 euros y está castigado con una pena de multa de uno a tres meses. Para que se considere estafa, deben cumplirse elementos como el engaño suficiente, el error esencial, el acto de disposición, la relación de causalidad y el ánimo de lucro. Además, existen casos agravados de estafa que conllevan penas más severas.

El procedimiento de desahucio exprés para okupas permite recuperar la posesión de un inmueble en casos de impago de renta, expiración del contrato o ocupación sin contrato. Solo personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas pueden solicitarlo. Se inicia con una demanda ante el juzgado, seguida de una vista judicial y, si procede, la ejecución de la sentencia y desalojo forzoso del inmueble.

La comunidad postganancial es el período transitorio y provisional que se produce después de la disolución del régimen económico de gananciales. Durante este período, se lleva a cabo la liquidación de los bienes gananciales. La comunidad postganancial está regida por el artículo 1410 del Código Civil, que establece que cada participante tiene una cuota abstracta de bienes sobre el total de la masa ganancial. En caso de conflictos no previstos en este artículo, se aplican las normas de partición y liquidación de herencias. Es recomendable contar con el apoyo de un abogado especializado en Derecho de Familia durante este proceso para proteger los derechos e intereses de cada parte.

La atenuante de reparación del daño en el Código Penal español consiste en reparar o disminuir los efectos del daño causado a la víctima. Para que opere como atenuante de la pena, la reparación debe ser significativa y realizarse antes del juicio oral. La jurisprudencia establece que la reparación debe ser eficiente y relevante, considerando el esfuerzo del autor del delito. La forma de reparación puede ser económica o la devolución de un bien sustraído. La reparación del daño reduce la pena según las reglas del artículo 66 del Código Penal, pudiendo aplicarse una pena inferior en presencia de otras atenuantes o agravantes.

La extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico con ánimo de lucro y perjuicio patrimonial. Elementos objetivos incluyen violencia, obligación no querida, consumación y acto jurídico. Elementos subjetivos incluyen ánimo de lucro. Regulada en varios países con penas variables.

"La corrupción de menores en el Código Penal español se define como corromper o facilitar la corrupción de menores de dieciséis años, incluso con su consentimiento y sin violencia, intimidación o engaño."

La diferencia entre un contrato de reserva y un contrato de arras radica en su naturaleza y función dentro de una operación de compraventa de una vivienda. El contrato de reserva es un acuerdo previo entre el comprador y el vendedor, mientras que el contrato de arras es un acuerdo que se alcanza entre las partes y está regulado por el Código Civil. El contrato de arras ofrece mayor seguridad jurídica y permite rescindir el contrato con una indemnización, mientras que el contrato de reserva puede anularse solo si existe una cláusula que lo permita.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en España está regulado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que establece las condiciones y procedimientos para su aplicación en situaciones de fuerza mayor derivadas del COVID-19. Este artículo aborda la normativa, requisitos, procedimiento y derechos de los trabajadores afectados por un ERTE.

La movilidad funcional del trabajador en España está regulada por el Estatuto de los Trabajadores. Se refiere a la modificación de las funciones asignadas en el contrato de trabajo, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos y no menoscabe la dignidad del trabajador. Existen dos tipos de movilidad funcional: la ordinaria u horizontal, que implica cambios en el contenido de las actividades dentro del mismo grupo profesional, y la extraordinaria o vertical, que afecta las funciones establecidas en el grupo profesional. En caso de movilidad funcional extraordinaria, el trabajador puede tomar acciones como reclamar un ascenso, solicitar la cobertura de una vacante o incluso solicitar la extinción de la relación laboral si se ve afectada su dignidad. Es importante respetar la dignidad del trabajador y no utilizar la movilidad funcional como causa de despido objetivo.

El delito de vejaciones leves está regulado en el artículo 173.4 del Código Penal. Se considera vejación leve cuando una persona dirige palabras ofensivas que puedan impactar psicológicamente de forma negativa a otra persona con la que tenga o haya tenido algún vínculo o relación. Las penas previstas para este delito son la localización permanente, el arresto domiciliario, los trabajos en beneficio de la comunidad y las multas. Cometer delitos de vejaciones deja antecedentes penales y solo la víctima o su representante legal pueden presentar la denuncia.

La regulación del lucro cesante en la indemnización por daños incluye tanto el valor de la pérdida sufrida como el de la ganancia dejada de obtener. El lucro cesante se refiere a las ganancias que se dejan de percibir como consecuencia directa del hecho dañoso. Para probar el lucro cesante, se deben cumplir requisitos como demostrar los beneficios concretos y acreditados que se habrían obtenido, y establecer un nexo causal entre el acto dañoso y la pérdida de beneficio patrimonial. La carga de probar el lucro cesante recae en el reclamante, y la cuantía de la indemnización es determinada por el tribunal de instancia.

El usufructo viudal en el Código Civil: regulación y funcionamiento. Conoce los límites y derechos del cónyuge viudo en la herencia, así como las formas de pago del usufructo. Las parejas de hecho no tienen derecho de usufructo en Derecho civil común.

El delito de acoso en España está tipificado en el artículo 172 ter del Código Penal. Se castiga con penas de prisión o multa, y se considera acoso a conductas como vigilar, perseguir, establecer contacto no autorizado o utilizar datos personales de forma indebida. Existen agravantes cuando la víctima es vulnerable o se utiliza su imagen sin consentimiento. La denuncia es necesaria en la mayoría de los casos, excepto cuando el acosado es una persona en situación de especial vulnerabilidad.

El delito de encubrimiento se regula en el Código Penal español, específicamente en los artículos 451 a 454. Consiste en intervenir después de la comisión de un delito, sin haber participado como autor o cómplice, mediante el auxilio a los autores o cómplices, la ocultación, alteración o inutilización de los elementos del delito, o la ayuda a los presuntos responsables del delito a eludir la investigación o sustraerse a la captura. La pena prevista es de 6 meses a 3 años de prisión. Existe una excusa absolutoria para los familiares cercanos que encubran, excepto si han auxiliado a los autores o cómplices sin ánimo de lucro propio.

El delito de estafa procesal en España se castiga con penas de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Si la estafa recae sobre bienes de primera necesidad o de utilidad social, las penas aumentan a 4 a 8 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Para que se considere estafa procesal, se requiere un engaño suficiente para provocar un error en el juez y una resolución que perjudique económicamente a otra persona. También se puede cometer por omisión, como proporcionar un domicilio falso al juzgado.

El delito de detención ilegal en España se encuentra regulado en los artículos 163 a 168 del Código Penal. El artículo 163.1 establece que aquel que encierre o detenga a otro privándole de su libertad será castigado con pena de prisión de cuatro a seis años. Existen circunstancias que agravan la pena, como la duración de la detención o si se exige alguna condición para liberar a la persona. Además, si la detención se realiza con simulación de autoridad o la víctima es menor de edad o persona con discapacidad, las penas serán más graves. En caso de detención ilegal por parte de una autoridad o funcionario público, las penas son aún más severas y se puede recurrir al procedimiento de habeas corpus para proteger los derechos de los ciudadanos.

El delito de maltrato animal en España está regulado en el Título XVI bis del Código Penal. Se castiga causar lesiones a un animal doméstico o vertebrado fuera de las actividades legales, con penas de prisión, multa e inhabilitación. También se considera delito el abandono de animales. Es importante regular el maltrato animal para proteger su bienestar y prevenir conductas violentas.

El delito de robo con violencia en España se encuentra regulado en el artículo 242 del Código Penal. La pena para este delito es de 2 a 5 años de prisión, pudiendo aumentar en caso de agravantes como el uso de armas o la comisión en lugares habitados. También se establece una atenuante cuando la violencia empleada es de menor entidad. Además, el robo con violencia puede concurrir con otros delitos, lo que afecta la pena a imponer.

El delito de insolvencia punible se castiga con pena de prisión y multa, y puede ser cometido tanto por personas físicas como por personas jurídicas. Se requiere la intención de perjudicar a los acreedores y eludir el pago de las deudas. Las acciones fraudulentas incluyen la ocultación de bienes, la realización de actos desproporcionados y la simulación de créditos. Existe un tipo agravado cuando se produce perjuicio patrimonial a una generalidad de personas o a un acreedor en particular por un monto superior a 600.000 euros.

El contrato de alta dirección es una relación laboral especial basada en la confianza mutua entre el trabajador y la empresa. Se rige por la voluntad de las partes y debe ser formalizado por escrito, incluyendo la identificación de las partes, el objeto del contrato, la retribución convenida y otras cláusulas exigidas por la normativa. Se pueden establecer períodos de prueba y la duración del contrato puede ser acordada por las partes. El tiempo de trabajo y las condiciones laborales se establecen en el contrato, siempre y cuando no excedan las prestaciones usuales en el ámbito profesional correspondiente. El trabajador de alta dirección no puede celebrar otros contratos de trabajo sin autorización y se pueden pactar indemnizaciones por daños y perjuicios en caso de abandono del trabajo antes del término acordado. El contrato puede ser extinguido por voluntad del trabajador o del empresario, con preaviso y posibles indemnizaciones. Los conflictos se resuelven en el orden jurisdiccional social y el personal de alta dirección no tiene derechos de representación en los órganos de representación regulados en el Estatuto de los Trabajadores.

Un contrato de ejecución de obra es un acuerdo legal en el que se establece la realización de una obra a cambio de un precio. Se deben incluir detalles como la descripción de la obra, el precio acordado, el plazo de entrega, las modalidades de pago y las penalizaciones por incumplimiento. También es importante especificar las características y calidades de los materiales a utilizar. El precio puede establecerse por ajuste, por piezas ejecutadas o por administración. El plazo de entrega debe ser claro y pueden establecerse penalizaciones por retraso.

El contrato por obra y servicio tiene una duración determinada y se utiliza para proyectos concretos. Su uso indebido puede llevar a sanciones y demandas. La reforma laboral de 2022 ha eliminado este tipo de contrato, pero existen otras modalidades de contratación con requisitos específicos. Los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2021 se mantendrán vigentes según la normativa anterior. Se recomienda utilizar herramientas como a3innuva Nómina para facilitar la gestión laboral.

El abandono de familia es un delito que ocurre cuando una persona no cumple con sus deberes de asistencia hacia sus hijos, ascendientes o cónyuge. Las causas pueden ser diversas, como el incumplimiento de las obligaciones económicas o problemas familiares. Las consecuencias pueden ser graves tanto para los miembros de la familia afectados como para el infractor, y también tienen repercusiones en la sociedad en general. Es importante prevenir el abandono de familia promoviendo la responsabilidad parental y brindando apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad.

El despido objetivo por ineptitud sobrevenida se produce cuando un trabajador pierde las facultades necesarias para desempeñar las tareas correspondientes a su puesto de trabajo. La empresa debe acreditar y demostrar que se cumplen todos los requisitos para poder llevar a cabo el despido objetivo del trabajador. En caso de despido, el trabajador tiene derecho a una indemnización que depende del origen de la ineptitud.

El embargo de nómina en España implica la retención de una parte del salario para pagar una deuda. Solo se puede embargar la parte que exceda el salario mínimo interprofesional. El procedimiento incluye notificaciones, retención de la nómina y levantamiento del embargo. No se pueden acumular embargos sin perjudicar al acreedor. Solo un juzgado o administración pública puede ordenar el embargo. Es importante leer y seguir las notificaciones. Existen excepciones y reducciones en el embargo, como en el caso de impago de pensión de alimentos. Si el embargo es inferior al SMI, se puede solicitar su nulidad. Utilizar un software de nóminas es clave para calcular correctamente el embargo y evitar perjuicios al trabajador.

El despido nulo se produce por causas discriminatorias o que violan los derechos fundamentales. Conlleva readmisión, salarios de tramitación e indemnización por daños. El despido improcedente carece de justificación y tiene una indemnización menor.