Derecho Inmobiliario en España

No hay un número mínimo de meses sin pagar el alquiler para iniciar un proceso de desahucio por impago. Desde el primer mes de impago, el propietario puede presentar la demanda de desahucio. Sin embargo, antes de iniciar el proceso legal, es común intentar llegar a un acuerdo amistoso con el inquilino para recuperar la deuda. Si después de 30 días de enviar un requerimiento de pago no se recupera la deuda, se aconseja iniciar el procedimiento legal. En el caso de desahucio por impago de hipoteca, se requieren 12 cuotas impagadas durante la primera mitad del préstamo o un 3% del importe solicitado, y 15 cuotas impagadas durante la segunda mitad del préstamo o un 7% del importe solicitado. El proceso de desahucio se inicia con una demanda presentada por el propietario y, una vez que el juez emite el decreto de admisión, se establece un plazo de 10 días para que el inquilino pague la deuda y evite el desahucio. Si no se notifica la demanda de desahucio al inquilino, el proceso no se considera iniciado.

El expediente de dominio es un trámite que busca la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica de un inmueble. Se utiliza para inmatricular fincas, rectificar descripciones o superficies, y reanudar el tracto sucesivo interrumpido. Se inicia ante un notario competente y requiere la presentación de una solicitud y la documentación correspondiente.

La diferencia entre el acta de notoriedad y el expediente de dominio radica en su finalidad y procedimiento. El acta de notoriedad constata hechos notorios sin correspondencia documental, mientras que el expediente de dominio busca concordar la realidad jurídica con las inscripciones registrales. La legislación actual ha eliminado la utilidad del acta de notoriedad en el ámbito inmobiliario y se ha ampliado la regulación del expediente de dominio.

El expediente de dominio se tramita por vía notarial, lo cual agiliza el proceso y brinda seguridad jurídica en la adquisición de propiedades en España.

El expediente de dominio permite regularizar la titularidad de un inmueble no inscrito en el Registro de la Propiedad. Conoce los tipos de trámites disponibles y los requisitos necesarios para cada uno. Importante tramitarlo ante un notario y considerar las tarifas correspondientes.

"Para vender un proindiviso, es necesario seguir una serie de pasos que incluyen el acuerdo entre los copropietarios, la elaboración de una escritura de venta, la firma ante un notario público, la inscripción en el Registro de la Propiedad y la distribución de los fondos. Es importante contar con la asesoría de profesionales legales para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y la protección de los derechos de todas las partes involucradas."

El procedimiento para depositar la fianza del alquiler en España requiere que el inquilino pague al propietario, quien debe depositarla en el organismo designado por la comunidad autónoma. Al finalizar el contrato, el inquilino puede solicitar la devolución de la fianza, si no hay deudas de renta o daños en el inmueble.

Un bien inmueble es un objeto tangible con ubicación fija en el espacio y no puede ser movilizado sin perder su esencia. Incluye terrenos, edificios, casas, fincas, entre otros. Se clasifican según el Código Civil español y los propietarios tienen derechos y obligaciones, como el pago de impuestos.

El catastro es un registro administrativo que describe los bienes inmuebles en España. Es obligatorio y gratuito, y contiene información física, económica y jurídica de los inmuebles. Los titulares catastrales tienen derechos y la competencia recae en la Dirección General del Catastro. Además de usos tributarios, hay una creciente demanda de información por parte de administraciones, ciudadanos y empresas.

Un arrendatario alquila un bien inmueble a cambio de una renta, con derecho a usarlo y la responsabilidad de mantenerlo en buen estado.

El Certificado Energético tiene un coste que puede variar entre 100 y 300 euros, dependiendo del tamaño y ubicación del edificio, así como de la empresa o profesional encargado de realizar la certificación. Para solicitarlo, es necesario contactar a un técnico competente en certificación energética, quien realizará una visita al edificio para recopilar información y calcular su eficiencia energética. Una vez elaborado, el certificado debe ser registrado en el organismo competente de cada comunidad autónoma, como el ICAEN en Cataluña. Tiene una validez de 10 años y debe ser entregado al propietario del edificio.

La duración del contrato de arrendamiento de un local comercial en España es flexible y se acuerda entre las partes. Si no se especifica, se considera que el contrato tiene una duración de un año. No hay un plazo mínimo establecido por ley y el tiempo de alquiler depende del acuerdo entre el propietario y el arrendatario. El contrato debe incluir información de ambas partes, datos del local, cuota de alquiler, forma de actualización de la renta, fianza, actividad del local, conservación del inmueble, impuestos y gastos, reparaciones y cláusulas de finalización. El contrato puede terminar al finalizar el plazo acordado o antes en casos de impago, cesión sin consentimiento, daños en la propiedad, falta de pago de la fianza o actividades molestas o peligrosas.

El procedimiento de desahucio exprés para okupas permite recuperar la posesión de un inmueble en casos de impago de renta, expiración del contrato o ocupación sin contrato. Solo personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas pueden solicitarlo. Se inicia con una demanda ante el juzgado, seguida de una vista judicial y, si procede, la ejecución de la sentencia y desalojo forzoso del inmueble.

La diferencia entre un contrato de reserva y un contrato de arras radica en su naturaleza y función dentro de una operación de compraventa de una vivienda. El contrato de reserva es un acuerdo previo entre el comprador y el vendedor, mientras que el contrato de arras es un acuerdo que se alcanza entre las partes y está regulado por el Código Civil. El contrato de arras ofrece mayor seguridad jurídica y permite rescindir el contrato con una indemnización, mientras que el contrato de reserva puede anularse solo si existe una cláusula que lo permita.

El derecho de vuelo en España permite construir sobre o por debajo de un edificio. Antes de adquirirlo, es importante consultar con un abogado especializado y considerar aspectos como la estructura del edificio, la protección, el acceso a las nuevas plantas, el precio y la escritura del derecho de vuelo. La venta o alquiler del derecho de vuelo puede generar beneficios para la comunidad de vecinos o propietarios de edificios.

El seguro de impago de alquiler protege al arrendador en caso de impago por parte del inquilino, cubriendo las rentas impagadas, los gastos legales y los daños a la vivienda. El precio varía según la ubicación, la renta mensual y el perfil del inquilino. Algunas pólizas ofrecen coberturas adicionales. Es importante cumplir requisitos y tener en cuenta el periodo de carencia. La duración suele ser de un año, renovable si no hay impagos.

En Andalucía, encontrar suelos industriales es posible en varias zonas estratégicas. Sevilla, Málaga, Cádiz, Almería, Granada y Córdoba son algunas de las provincias con áreas industriales que ofrecen terrenos disponibles para empresas. La ubicación, características del suelo y servicios disponibles son aspectos a considerar al buscar suelos industriales en Andalucía.

Diferencia entre arrendador y arrendatario en España: el arrendador es el propietario del inmueble que lo alquila, mientras que el arrendatario es quien lo alquila y debe cumplir con ciertas obligaciones contractuales.

Los linderos son los límites horizontales de una propiedad inmobiliaria, que definen el alcance de las facultades del propietario. El deslinde y amojonamiento son acciones para fijar y marcar físicamente los límites. Se basan en títulos, posesión y distribución equitativa en caso de indeterminación.

El exceso de cabida se aplica cuando hay una diferencia entre la superficie real y la registrada en el Registro de la Propiedad. Las causas más comunes son el método de medición, límites imprecisos y alteraciones urbanísticas ilegales. La inscripción se regula en la Ley Hipotecaria. Hay casos en los que no es necesario tramitar el expediente. Los principios básicos son la especialidad y exactitud registral. En la tasación, solo se considera la superficie registrada. También es importante tener en cuenta el defecto de cabida en la venta de inmuebles.

La certificación de dominio y cargas es un documento público que acredita los derechos y cargas de una propiedad. Se puede obtener en el Registro o de forma telemática a través del portal web del Colegio de Registradores. Es importante respetar la protección de datos y no se facilitan datos personales sensibles ni información sobre el precio de adquisición de las fincas de forma generalizada.

El principio de tracto sucesivo en el derecho registral garantiza la legalidad de la transmisión de derechos reales y brinda seguridad jurídica a los titulares. Sin embargo, existen excepciones en casos específicos.

La Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 regula el Registro de la Propiedad y los títulos sujetos a inscripción. Establece requisitos, procedimientos y reglas para la inscripción de diferentes tipos de propiedades, así como la incorporación de representación gráfica georreferenciada al folio real.

La Ley de Ordenación de la Edificación regula el proceso de construcción, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes involucrados, así como las garantías para asegurar la calidad de los edificios y proteger a los usuarios. Define los requisitos básicos, las responsabilidades de los agentes y los plazos de responsabilidad y garantías obligatorias.

La división de la cosa común en un condominio puede ser extrajudicial o mediante proceso legal. Es recomendable buscar un acuerdo consensuado entre los copropietarios para evitar dilaciones y la subasta pública del bien.

Un administrador de fincas es un profesional encargado de gestionar los asuntos financieros, legales y técnicos necesarios para el mantenimiento y gestión económica de fincas rústicas o urbanas. Su función principal es administrar y conservar las comunidades de propietarios, asegurando el correcto funcionamiento y mantenimiento de los edificios y espacios comunes.

El expediente de dominio es un procedimiento para regularizar la información registral de un inmueble. Se utiliza en casos de inmatriculación de fincas, rectificación de descripción o linderos, y reanudación del tracto sucesivo interrumpido. Es importante contar con un título válido y eficaz para acceder al Registro de la Propiedad y evitar problemas legales en el futuro.