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El contrato de arrendamiento en Argentina debe ser escrito y tiene un plazo mínimo de 3 años. Existen excepciones para alquileres temporarios. No se pueden pedir pagos adelantados mayores a 1 mes de alquiler ni depósitos de garantía mayores al primer mes. El inquilino debe proponer al menos 2 garantías. El locador es responsable de reparar el deterioro del inmueble. El inquilino puede terminar el contrato anticipadamente, pero debe pagar una indemnización. El precio del alquiler se fija en moneda nacional y pueden realizarse ajustes. La intermediación solo puede ser realizada por un profesional matriculado. Los contratos deben ser registrados en la AFIP. El Estado fomenta la mediación y arbitraje para resolver conflictos.

La autoría mediata en Argentina es un concepto jurídico que describe una forma de participación en un delito. Se refiere a cuando una persona utiliza a otra como instrumento para cometer un delito, sin que esta última tenga plena conciencia de su participación. Para que se configure, se deben cumplir elementos como una relación de dominio, el uso de engaño o coerción, el conocimiento de la ilicitud del hecho y el dominio final sobre el delito. La autoría mediata está reconocida y regulada por el Código Penal argentino.

En el ámbito de las leyes de Argentina, una atenuante es una circunstancia que disminuye la gravedad de la pena impuesta por un delito. Estas circunstancias pueden ser genéricas o específicas, y se establecen en el Código Penal argentino. Las atenuantes pueden tener efectos en la determinación de la pena, permitiendo una reducción de la misma.

La antijuridicidad en Argentina se refiere a la conducta que va en contra de lo establecido por la ley y es considerada ilícita. Se evalúa comparando la conducta del autor con la norma jurídica aplicable. Puede ser absoluta o relativa, y puede ser excluida a través de causas de justificación reconocidas en el sistema legal argentino.

El régimen del anatocismo en el Código Civil y Comercial de Argentina permite la capitalización de intereses en determinadas circunstancias, ya sea mediante un pacto entre las partes o por disposición legal. Se establecen limitaciones y requisitos para su aplicación, y se considera que las precisiones contenidas en la norma son de orden público.

El allanamiento a la demanda en Argentina implica la aceptación por parte del demandado de los términos y condiciones establecidos en la demanda presentada en su contra. Al allanarse, renuncia a su derecho de defensa y evita un juicio prolongado y costoso. Puede ser total o parcial, y tiene implicaciones legales importantes. Si bien puede ser beneficioso, es necesario evaluar cuidadosamente las implicaciones antes de decidir allanarse a una demanda.

La apropiación indebida en Argentina se refiere a retener como propio un bien ajeno recibido en administración, comisión, depósito u otro título que obligue a devolverlo. También se castiga la obtención fraudulenta de beneficios fiscales y la no devolución de depósitos bancarios recibidos por error.

La alevosía es una circunstancia agravante en el derecho penal que se refiere a la forma en que se comete un delito. Existen diferentes tipos de alevosía, como la alevosía por sorpresa, por superioridad, por emboscada, por medios o modos que dificulten la defensa y por abuso de confianza. La alevosía demuestra una mayor culpabilidad por parte del autor del delito al actuar de manera sorpresiva y aprovecharse de la indefensión de la víctima.

El abuso de autoridad en Argentina se refiere a la conducta ilegal, arbitraria o injusta de un funcionario público que vulnera los derechos de los ciudadanos y excede los límites de su autoridad. Este delito está tipificado en el Código Penal y puede ser sancionado con penas de prisión e inhabilitación. Es fundamental promover una cultura de respeto a los derechos humanos y de rendición de cuentas para prevenir y sancionar el abuso de autoridad.

En el ámbito de las leyes de Argentina, el acreedor se define como aquella persona o entidad que tiene derecho a recibir una prestación o pago por parte de otra persona, conocida como deudor. El Código Civil y Comercial establece los derechos del acreedor, como exigir el cumplimiento de la obligación y reclamar intereses y gastos. También se regulan diferentes tipos de acreedores y las acciones legales que pueden ejercer para hacer valer su derecho de crédito.

Un abogado de familia en Argentina tiene competencias y especializaciones en diversas áreas del derecho familiar, como divorcio, custodia de los hijos, alimentos, adopción, violencia familiar, uniones convivenciales, sucesiones y herencias, mediación familiar, derecho de familia internacional y derecho de familia LGBT+. Estas competencias le permiten asesorar y representar a sus clientes en una amplia gama de asuntos relacionados con el derecho familiar.

La acción reivindicatoria es una herramienta legal en Argentina para recuperar la posesión de un bien inmueble injustamente despojado. Requiere que el demandante sea el propietario legítimo y haya sufrido un despojo. Se inicia con una demanda ante el tribunal competente, presentando pruebas de propiedad y despojo. Si se determina el derecho a la posesión, se puede ordenar la restitución del bien y una indemnización por perjuicios.

El acto administrativo en Argentina es una manifestación de voluntad de la administración pública que busca generar efectos jurídicos en el derecho administrativo. Es una decisión tomada por un órgano administrativo, unilateral y sujeta a control judicial. Cumple con requisitos formales y sustantivos para ser válido y eficaz.

El acoso sexual en Argentina se define como cualquier comportamiento indeseado de naturaleza sexual que afecta la dignidad de una persona y crea un ambiente hostil u ofensivo. Es considerado una forma de violencia de género y está prohibido por ley en diferentes ámbitos como el laboral, educativo y deportivo. Las víctimas tienen el derecho de denunciar y recibir protección. Existen leyes específicas que protegen a las víctimas y establecen medidas de prevención y sanción del acoso sexual. Es importante promover el respeto y la igualdad de género.

El procedimiento de adopción en Argentina, según el Código Civil y Comercial, consta de varios pasos, como el registro, la evaluación, la capacitación, la designación de un niño o niña, el establecimiento de un vínculo afectivo, la realización de un informe técnico, la audiencia judicial, la resolución judicial y el seguimiento post-adopción. Se prioriza el interés superior del niño o niña y se garantiza su derecho a conocer su origen y mantener vínculos con su familia de origen.

El acto jurídico en Argentina es una manifestación de voluntad que busca generar efectos legales deseados. Por otro lado, los hechos jurídicos son eventos que también tienen consecuencias legales, pero no son producto de la voluntad humana. Los actos jurídicos pueden ser formales o informales, unilaterales o bilaterales, mientras que los hechos jurídicos pueden ser lícitos o ilícitos y ser causados por la naturaleza, terceros o las partes involucradas.

En el ámbito de las leyes de Argentina, una agravante se define como una circunstancia modificativa de la responsabilidad que determina un aumento de la pena correspondiente al delito. El Código Penal argentino establece una serie de circunstancias agravantes, como la alevosía, el abuso de superioridad y la reincidencia, entre otras. Estas circunstancias pueden aumentar la pena impuesta al delincuente.

El albacea en Argentina tiene la función de velar por el patrimonio hereditario y cumplir la última voluntad del fallecido. Designado en el testamento, puede ser una persona física o jurídica, con facultades y deberes determinados por el testador. Controla y vigila el cumplimiento de las disposiciones testamentarias y, en caso de no haber herederos, administra los bienes hereditarios. Debe proteger los bienes y rendir cuentas de su gestión ante los interesados y el juez de la sucesión.

La servidumbre de paso en México se regula a través del Código Civil Federal, que establece los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios dominante y sirviente, así como las condiciones para determinar el lugar y el ancho del paso, y las indemnizaciones correspondientes.

La definición de reo se refiere a una persona que ha cometido una culpa y merece castigo. También se utiliza para referirse al demandado en un juicio civil o criminal, en contraposición al actor. Además, puede ser utilizado como adjetivo para describir a alguien acusado o culpado. En algunos contextos coloquiales, puede ser utilizado para referirse a una persona antisocial, desaliñada o de modales groseros.

El abuso de autoridad se refiere a la acción de un dirigente o superior que se aprovecha de su cargo y de sus atribuciones para tratar de manera impropia, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal a alguien que está en una situación de dependencia o subordinación. Puede manifestarse en diferentes formas, como el uso desmedido de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, la corrupción por parte del gobierno, el maltrato hacia los animales, el abuso psicológico en el ámbito familiar, escolar o laboral, entre otros. Es importante denunciar y combatir el abuso de autoridad para proteger los derechos y la dignidad de las personas.

Un accidente de trabajo se define como toda lesión corporal sufrida por un trabajador durante el desempeño de su labor. Esto incluye lesiones físicas, secuelas y enfermedades causadas por el trabajo. También se consideran accidentes aquellos ocurridos durante tareas encomendadas por el empleador, incluso si son distintas a las habituales del trabajador. Sin embargo, no se consideran accidentes aquellos debidos a imprudencia temeraria, fuerza mayor ajena al trabajo, dolo del trabajador o actuación de terceros no relacionados con el trabajo.

El acoso sexual se define como la intimidación o acoso de naturaleza sexual, que puede adoptar diferentes formas, desde violencia física hasta formas más sutiles de violencia como la coacción. En el lugar de trabajo, puede considerarse ilegal cuando crea un ambiente hostil u ofensivo. Es importante denunciar cualquier conducta de acoso sexual y buscar ayuda.

Los bienes fungibles son aquellos de carácter mueble y reemplazable, que se agotan con su uso y pueden ser sustituidos legalmente por otros de igual calidad. Se diferencian de los bienes no fungibles en que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Un ejemplo de bien fungible es el dinero.

La calumnia es difamar o injuriar a alguien atribuyéndole falsamente hechos perjudiciales para su reputación. Es un delito en muchos países y puede tener consecuencias legales.

La capacidad procesal permite a una persona participar y tomar decisiones en un procedimiento judicial, defendiendo sus derechos y responsabilidades. Implica comprender el proceso legal y participar de manera efectiva en su defensa o búsqueda de derechos.

La cesión de derechos es un acto jurídico en el cual un acreedor transfiere a otra persona los derechos, créditos y obligaciones que tiene contra su deudor o socio a través de un contrato. No se requiere el consentimiento del deudor, pero debe ser notificado. La cesión puede ser gratuita u onerosa y debe establecerse en un contrato. Es importante cumplir con los requisitos legales y notificar al deudor para que pueda ejercer sus derechos de defensa.

El cesionario es la persona o entidad que recibe la cesión de un derecho u obligación, asumiendo la posición del cedente en la relación jurídica correspondiente. La cesión puede ser de diferentes tipos, como la cesión de crédito o la cesión de contrato. El cesionario adquiere los mismos derechos y obligaciones que tenía el cedente.

La tutela y la curatela son medidas legales para proteger y asistir a personas con incapacidad jurídica. La tutela se aplica a quienes no pueden tomar decisiones por sí mismos, mientras que la curatela es para aquellos que necesitan asistencia en ciertos aspectos. Ambas medidas son establecidas por la autoridad judicial y pueden ser temporales o permanentes.

Los daños y perjuicios son las consecuencias negativas que sufre una persona debido a la acción u omisión de otra. Pueden ser físicos, emocionales, económicos, entre otros. En el ámbito legal, son reclamaciones que buscan obtener compensación por los daños sufridos. Existen diferentes tipos de daños, como compensatorios, punitivos, morales, emergentes y lucro cesante. Para reclamar, se debe demostrar la responsabilidad del demandado y presentar pruebas de los daños sufridos. El objetivo es restaurar a la persona afectada a su situación anterior al evento dañino.

La delación se define como la acción de denunciar o revelar información perjudicial o incriminatoria sobre alguien a las autoridades. Puede ser motivada por diferentes razones y puede tener consecuencias tanto para la persona delatada como para la persona que realiza la delación. La delación puede ser utilizada como evidencia en un juicio y puede ser una estrategia utilizada por las autoridades para combatir el crimen organizado y la corrupción.

El delito fiscal en México se refiere a las conductas que violan las normas del sistema tributario y pueden ser sancionadas con pena de prisión. Para ser considerado delito fiscal, la acción debe ser voluntaria y dolosa. Las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos son la Procuraduría Fiscal de la Federación, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República. El Código Fiscal de la Federación establece los requisitos para proceder penalmente contra un contribuyente. Además, existen otros delitos fiscales relacionados con el sistema financiero y el comercio. Para defenderse de un proceso fiscal, se pueden utilizar recursos administrativos y recurrir a la defensa jurisdiccional a través del juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente brinda servicios de asesoría y representación para la defensa no jurisdiccional del contribuyente.