México

El cohecho es un delito contra la Administración pública que se presenta en diferentes formas en el Código Penal. Se considera cuando un funcionario solicita o acepta dádivas, favores o retribuciones para actuar en contra de sus deberes o para no cumplirlos. También se considera cuando un funcionario acepta ventajas económicas por su cargo o función, o cuando una persona acepta dádivas como recompensa.

El consentimiento tácito se da de forma indirecta, a través de acciones u omisiones, sin quedar registrado de manera explícita. En cambio, el consentimiento expreso se da de forma directa y concreta, quedando registrado de manera explícita. El consentimiento expreso aporta seguridad y claridad a las partes involucradas en una relación personal o comercial.

El delito de receptación implica recibir, adquirir u ocultar bienes provenientes de un acto delictivo con el fin de obtener beneficio. No requiere participación directa en el delito original y las penas en México van de 3 meses a 3 años de prisión y multas de 15 a 60 días. Se contempla una reducción de pena si no se tenía conocimiento de la procedencia ilícita del bien.

La inviolabilidad del domicilio es un derecho que prohíbe ingresar o registrar una vivienda sin consentimiento del propietario o sin autorización judicial. Es una garantía jurídica penal y procesal en México.

El derecho constitucional es una rama del derecho que estudia los principios y reglas de organización del Estado establecidos en la Constitución. Se originó en la antigua Grecia y Roma, pero se consolidó durante las revoluciones liberales del siglo XVIII. Se basa en el principio de supremacía constitucional y se ocupa de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y regular el funcionamiento de los poderes del Estado.

El derecho de tanteo y retracto otorga prioridad a una persona o entidad para adquirir un bien o ejercer un derecho en ciertas circunstancias. Se utiliza en contratos de compraventa, especialmente en bienes inmuebles o participaciones en sociedades. En México, el Código Civil Federal regula este derecho en situaciones de copropiedad, derechos de usufructuarios y herencias. Los propietarios o coherederos tienen la opción de ejercer su derecho de tanteo, priorizando al que posea mayor porción del bien.

El deslinde y amojonamiento es una acción legal que consiste en fijar los linderos de un terreno en relación con los colindantes. Este proceso es fundamental para establecer de manera precisa los límites de una propiedad, evitando así posibles conflictos y disputas entre vecinos. Además, es requisito indispensable para la venta o transferencia de una propiedad. Para llevarlo a cabo, se requiere la participación de un profesional especializado en topografía o agrimensura.

El empadronamiento es el registro obligatorio en el padrón municipal para conocer y contar a la población de una localidad. Sirve para determinar la población, distribuir recursos, elaborar estadísticas demográficas, acceder a derechos y beneficios, pagar impuestos, planificar el desarrollo urbano y mejorar la seguridad ciudadana.

El homicidio doloso implica la intención de causar la muerte de la víctima, mientras que el homicidio culposo se produce por negligencia. La pena para el homicidio doloso suele ser mayor debido a la intención de causar daño.

El interés superior de la niñez es un principio jurídico que establece que los niños deben ser considerados como una prioridad en todas las acciones y decisiones que los afecten. Es una obligación de todas las instituciones tomar en cuenta este principio y garantizar el desarrollo integral y el disfrute efectivo de los derechos de los niños. En México, este principio está respaldado por la Constitución y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El ius soli es el principio legal que otorga la ciudadanía a cualquier persona que nace en el territorio de un Estado, sin importar la nacionalidad de sus padres. Este principio ha sido utilizado en diferentes países como base para otorgar la ciudadanía a las personas nacidas en su territorio. Sin embargo, ha sido objeto de debate y controversia, ya que algunos argumentan que puede ser utilizado de manera abusiva y puede llevar a la adquisición de la ciudadanía por parte de personas que no tienen una conexión real con el país. En la actualidad, muchos países han adoptado una combinación de ius soli e ius sanguinis en sus leyes de ciudadanía.

El litisconsorcio pasivo necesario es una figura legal en la que varias personas o entidades son demandadas o actúan como demandantes de manera conjunta. En este tipo de litisconsorcio, la presencia de todas las partes es fundamental para resolver adecuadamente la controversia. Todos los litisconsortes tienen los mismos derechos y cargas procesales.

El overbooking es una práctica utilizada por las aerolíneas y otros servicios de transporte en la que se venden más boletos o reservas de lo que la capacidad real del vehículo o establecimiento puede albergar. Esto puede resultar en la denegación de embarque o la cancelación de reservas para algunos individuos. Las aerolíneas suelen ofrecer compensaciones a los afectados, como reembolsos, vuelos alternativos o bonos de viaje.

El silencio administrativo es una técnica que permite diferenciar entre actos presuntos y actos expresos en el ámbito de la Administración Pública. Se refiere a la situación en la que la Administración no resuelve una solicitud dentro del plazo establecido por la ley, lo que da lugar a una respuesta tácita o ficticia. El plazo general para resolver es de 3 meses, pero puede llegar a los 6 meses en algunos casos. El silencio administrativo positivo implica que la solicitud se considera estimada, mientras que el silencio administrativo negativo implica que la solicitud se considera desestimada.

La acción reivindicatoria permite al propietario recuperar judicialmente una cosa en posesión indebida. Se dirige contra el poseedor no propietario y se refiere a cosas concretas y determinadas, con identificación clara y sin dudas.

La caución es una garantía legal que se presta para responder por los posibles perjuicios de una medida cautelar. Su objetivo es proteger los intereses públicos y de terceros. Puede ser exigida por el órgano jurisdiccional y su monto debe ser suficiente para cubrir los perjuicios. En Chile, se puede solicitar como medida prejudicial, siempre y cuando se determine el monto de los bienes y se rinda una fianza o garantía adecuada.

La comisión por omisión en el derecho penal mexicano se refiere a la ejecución de un delito o falta por no haber realizado una acción exigida. Esto puede ocurrir cuando se incumple una obligación legal o contractual de actuar, o cuando se crea una situación de riesgo y no se actúa para evitar el resultado dañino. Es importante destacar que no se aplica en todos los casos de omisión, sino cuando existen estas condiciones específicas. Se puede aplicar en delitos como el homicidio o el abandono de personas.

La condonación de deuda es un acto jurídico en el cual un acreedor renuncia total o parcialmente a su derecho de cobrar una deuda. Puede darse de forma expresa o tácita, y es una opción para aquellos que no pueden pagar sus deudas y desean cancelarlas. La Ley de la Segunda Oportunidad puede ser una herramienta legal para lograrlo.

La culpa en el derecho implica la imputación de una acción a alguien por su conducta, con la omisión de la diligencia exigible. Puede resultar en responsabilidad civil o penal y también puede referirse al hecho de ser causante de algo. En el ámbito religioso, la culpa se refiere a un pecado o transgresión voluntaria de la ley de Dios.

La dación en pago es una forma de liquidar una deuda mediante la entrega de un bien en lugar de dinero. Requiere un acuerdo entre el deudor y el acreedor, así como documentación que respalde la transacción. Aunque es una excepción al principio de la exactitud de sustancia de pagos, la ley reconoce la dación en pago como válida.

La delación hereditaria es el proceso legal en el que los herederos aceptan o rechazan la herencia. Esta decisión es irrevocable, a menos que existan pruebas de dolo o violencia. La aceptación se presume a beneficio de inventario, liberando a los herederos de las deudas del difunto.

La emancipación es la liberación de una persona o grupo de personas de la sujeción a una autoridad, permitiéndoles alcanzar autonomía y adquirir derechos y libertades antes restringidos. Se aplica en diferentes contextos, como la emancipación de esclavos, hijos y mujeres en la lucha por la igualdad de género.

La herencia yacente es la fase de la sucesión que se produce desde el fallecimiento de una persona hasta que los herederos aceptan o renuncian a la herencia. Durante este periodo, no hay un titular de los bienes y derechos del fallecido. La herencia yacente puede durar hasta 30 años, que es el plazo de prescripción para reclamar una herencia. Si no hay herederos o estos renuncian, el Estado asume la titularidad de la herencia. Durante la herencia yacente, existen administradores que se encargan de conservar los bienes y derechos del fallecido. En caso de existir deudas, los acreedores pueden reclamarlas a la herencia yacente. La herencia yacente tiene obligaciones tributarias, como el pago del impuesto de sucesiones. Si la herencia no es reclamada, el Estado puede heredarla, pero existe la posibilidad de reclamar una compensación por parte de quien notifique la herencia sin reclamar.

La excedencia voluntaria es el derecho del trabajador a ausentarse de su puesto de trabajo de manera voluntaria y temporal, sin renunciar ni ser despedido. En México, no existe esta figura en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, existen causas de suspensión temporal del trabajo, como enfermedad contagiosa, incapacidad temporal, prisión preventiva, arresto, cumplimiento de servicios y cargos relacionados con los intereses de la nación, designación en organismos estatales, falta de documentos legales y conclusión de temporada para trabajadores contratados bajo esta modalidad.

La incapacidad permanente parcial es un grado de invalidez que se reconoce cuando un trabajador tiene dificultades para realizar su actividad laboral debido a una lesión o enfermedad, con una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal. No implica abandonar el trabajo y se puede acceder a una indemnización. Los requisitos para solicitarla incluyen no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, tener cotizaciones mínimas y demostrar la disminución en el rendimiento laboral. La indemnización se calcula en base a la base reguladora del solicitante y se abona en un pago único. La pensión de incapacidad parcial la abona el INSS o la mutua, dependiendo de la contingencia, y está sujeta a tributación.

La incapacidad temporal es un subsidio que protege al trabajador durante su baja por enfermedad o accidente. Tanto autónomos como trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a este beneficio. La duración máxima es de 365 días, prorrogable en algunos casos. El pago se calcula según la base de cotización y varía según el tipo de contingencia.

La insolvencia se refiere a la incapacidad de cumplir con obligaciones financieras, ya sea por falta de pago de deudas o por insuficiencia de activos para cubrir pasivos. Puede ser temporal o permanente y afecta tanto a personas como a empresas. En el ámbito legal, puede dar lugar a procesos de quiebra o reestructuración de deudas.

La litispendencia es un término legal que se refiere a la existencia de un juicio pendiente. Se produce cuando se interpone una demanda y se admite, pero al mismo tiempo hay otro juicio pendiente sobre el mismo asunto. La litispendencia está regulada por la Ley de Enjuiciamiento Civil y tiene como objetivo evitar que se realicen dos juicios sobre el mismo asunto y con las mismas partes implicadas.

La prescripción de un delito es la extinción de la responsabilidad criminal por el paso de un tiempo determinado sin castigo. Los plazos varían según la gravedad del delito, desde 5 hasta 20 años. Algunos delitos, como los de lesa humanidad y genocidio, no prescriben nunca.

La razón social es la denominación oficial y legal de una empresa en México. Se utiliza en trámites y procesos legales, y se diferencia del nombre de fantasía o marca. Su registro es riguroso para evitar plagios y la identifica en los ámbitos formal, jurídico y administrativo.

La recusación en el ámbito jurídico es una solicitud para apartar a una autoridad o funcionario público, jurado, árbitro o perito de un asunto debido a una causa legal. También se refiere al procedimiento para apartar a un juez por falta de independencia. Es un incidente procesal por sospecha de falta de imparcialidad.

La responsabilidad civil extracontractual es el deber de reparar los daños y perjuicios causados a otra persona debido a la culpa o negligencia del responsable, sin que exista un vínculo contractual entre ambas partes. Surge en diversas situaciones como accidentes de tráfico, laborales, daños por productos defectuosos, negligencia médica, entre otros. Su objetivo es compensar a la víctima por los daños sufridos.