España

El procedimiento para darse de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores en España se realiza a través de la presentación de la declaración censal correspondiente, cumplimentando los datos personales y de actividad económica, indicando el régimen de tributación y presentando la declaración en la AEAT. Una vez realizados estos pasos, se obtendrá el número de identificación fiscal y se deberán cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Es importante consultar la normativa actualizada y seguir las instrucciones de la AEAT.

Solicita el certificado de concordancia por cambio de NIE a DNI de forma presencial en la Dirección General de la Policía, Oficinas de Extranjería o Comisarías de Policía. Si estás fuera de España, solicítalo a través de las Oficinas Consulares de España en el exterior.

El quebrantamiento de una orden de alejamiento en España conlleva graves consecuencias legales, incluyendo penas de prisión. Se considera un delito grave cuando se demuestra que el incumplimiento fue intencionado y no casual.

El fideicomiso es un contrato en el que una persona transfiere bienes o derechos a otra para su administración o inversión en beneficio propio o de un tercero. Puede tener diferentes fines y existen varios tipos. Las partes involucradas son el fideicomitente, el fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario.

El contrato de formación en alternancia combina la actividad laboral remunerada con la formación teórica. Se formaliza por escrito y debe comunicarse al Servicio Público de Empleo. Su duración varía según el plan formativo. Se debe proporcionar formación teórica y práctica durante su vigencia. La retribución se establece en el convenio colectivo. Se requiere un convenio de colaboración entre el centro formativo y la empresa. Se cuenta con tutores designados por ambas partes. Puede prorrogarse hasta la obtención del título. Al finalizar, se puede transformar en contrato indefinido con bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social. Puede ser celebrado por personas entre 16 y 30 años, sin límite de edad en casos especiales.

Los derechos ARCO garantizan el control sobre los datos personales y la privacidad. Permiten acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los datos. También existen otros derechos, como la limitación del tratamiento, la portabilidad de los datos y el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Para ejercerlos, se debe presentar una solicitud por escrito al responsable del tratamiento.

La novación es la modificación o extinción de una obligación jurídica mediante la creación de una nueva obligación. Puede ser propia o impropia, subjetiva, objetiva o mixta. Requiere cumplir requisitos como existencia de una obligación preexistente, creación de una nueva obligación diferente, capacidad de las partes e intención de novar. Tiene efectos legales como poner fin a la mora del deudor y extinguir garantías. En el caso de la novación de hipoteca en España, permite cambios en condiciones sin cambiar de entidad financiera. Ha sido importante en el derecho romano, germánico y en la doctrina moderna.

La sustitución vulgar en el derecho sucesorio es una disposición testamentaria en la que el testador designa a un segundo heredero o legatario en caso de que el primero no pueda o no quiera aceptar la herencia o el legado. Puede ser revocada por el testador y debe cumplir con requisitos legales para ser válida.

Un socio capitalista aporta capital a una empresa con el objetivo de obtener beneficios, pero generalmente no participa en su gestión. Sus derechos y obligaciones varían según la forma jurídica de la sociedad. En algunas sociedades, el socio capitalista puede asumir labores de dirección y gestión, pero no debe confundirse con el socio trabajador. Además, no está obligado a darse de alta como autónomo, ya que no ejecuta ninguna actividad.

La potestad reglamentaria derivada tiene como objetivo regular y desarrollar las leyes, adaptándolas a las particularidades y necesidades de cada caso. A través de la creación de reglamentos y normas específicas, se establecen los procedimientos, requisitos y condiciones necesarios para la correcta aplicación de las leyes, garantizando la eficacia, eficiencia y legalidad de la administración pública. Además, protege los derechos y garantías de los ciudadanos, adapta la normativa a los avances y cambios sociales, regula el ejercicio de actividades y profesiones, y organiza y gestiona la administración pública.

La acusación popular en el proceso penal permite a los ciudadanos participar activamente en la defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad. Cualquier ciudadano español puede ejercer esta acción, aunque existen limitaciones y requisitos. Además, en algunos casos, se permite la participación de Administraciones Públicas. La acusación popular tiene plenos derechos de aplicación en los procedimientos ordinarios, pero su derecho de aplicación en los procedimientos abreviados depende de las actuaciones del Ministerio Fiscal y de la acusación particular. En conclusión, esta figura garantiza la participación ciudadana en la justicia y protege los intereses públicos.

La incapacitación judicial en España ha sido eliminada y reemplazada por medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Estas medidas incluyen la curatela, la guarda de hecho y el defensor judicial, y tienen como objetivo asistir a la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica, respetando su voluntad y preferencias.

La agresión sexual se define como cualquier acto que atente contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento. Se considera agresión sexual cuando se realiza mediante violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima. La violación es un tipo agravado de agresión sexual, que consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Existen siete subtipos agravados de agresión sexual, que incluyen agresiones múltiples, violencia extrema, vulnerabilidad de la víctima, violencia sexual en la pareja, abuso de convivencia o parentesco, uso de armas peligrosas y sumisión química. La Ley del solo sí es sí y la Ley Orgánica 4/2023 han modificado el delito de agresión sexual, equiparando el abuso sexual a la agresión sexual y reduciendo las penas.

Un bien inmueble es un objeto tangible con ubicación fija en el espacio y no puede ser movilizado sin perder su esencia. Incluye terrenos, edificios, casas, fincas, entre otros. Se clasifican según el Código Civil español y los propietarios tienen derechos y obligaciones, como el pago de impuestos.

El litisconsorcio es una figura jurídica que permite la participación de varios sujetos en un litigio. Puede ser facultativo o necesario, y tiene implicaciones en los actos procesales, recursos, defensas y sentencia. En España, está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La renuncia a la herencia es un acto voluntario en el que el beneficiario decide no aceptar los activos heredados. Existen diferentes tipos de renuncia y el procedimiento varía según la legislación aplicable. No hay un plazo definido para renunciar, pero en algunos casos se puede establecer un plazo de 30 días.

El tercio de libre disposición en una herencia permite al testador decidir libremente a quién dejar esta parte de sus bienes, sin condiciones. Puede ser tanto a personas como a entidades. En caso de no haber testamento, se distribuirá según las leyes de sucesión intestada.

La orden de alejamiento protege a las víctimas de violencia doméstica o de género, prohibiendo al agresor acercarse o comunicarse con ellas. Su duración y las sanciones por incumplimiento dependen de la gravedad del delito. Para quitarla, el agresor debe demostrar que ya no representa un peligro.

El catastro es un registro administrativo que describe los bienes inmuebles en España. Es obligatorio y gratuito, y contiene información física, económica y jurídica de los inmuebles. Los titulares catastrales tienen derechos y la competencia recae en la Dirección General del Catastro. Además de usos tributarios, hay una creciente demanda de información por parte de administraciones, ciudadanos y empresas.

El Derecho Procesal en España regula los procedimientos judiciales, garantizando una justicia igualitaria y estableciendo los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas. Se divide en las ramas civil y penal, siempre en relación al juicio propiamente dicho.

El derecho bancario en España regula las actividades de las entidades financieras y sus relaciones con los clientes. Se basa en normas constitucionales, mercantiles, administrativas, fiscales y penales. La Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito es la más relevante. Los especialistas en derecho bancario pueden trabajar en entidades públicas y privadas, defendiendo a los clientes en casos de delitos fiscales.

El principio de culpabilidad en derecho penal se basa en la idea de que una persona solo puede ser penalmente responsable de un delito si ha actuado de manera voluntaria y consciente, con pleno conocimiento de que su acción es contraria a la ley. Garantiza el respeto a la dignidad humana y evita castigos injustificados. La culpabilidad es esencial en la determinación de la responsabilidad penal y en la individualización de la pena, violarla sería una violación de los principios del Estado de Derecho.

El proceso de extradición en España se rige por la Ley de Extradición Pasiva y se inicia con la presentación de una solicitud por parte del Estado requirente. Tras un proceso judicial, el Gobierno español tiene la última palabra en la decisión de extradición, considerando factores como la gravedad del delito y los derechos humanos del acusado.

La doctrina del enriquecimiento injusto se refiere al enriquecimiento sin causa de una persona a costa del empobrecimiento de otra, en circunstancias que chocan con los principios de justicia y equidad. Existe el deber de reparar el perjuicio causado, aunque no se haya cometido un delito penal. La regulación de esta acción se basa en tres requisitos: enriquecimiento de la persona demandada, empobrecimiento de la persona demandante y ausencia de causa que justifique el aumento patrimonial del demandante.

La privación del derecho a conducir vehículos a motor tiene como finalidad sancionar y prevenir conductas que pongan en peligro la seguridad vial. Esta pena se impone en casos de delitos contra la seguridad vial, como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la conducción temeraria o con manifiesto desprecio a la vida de los demás. Su objetivo es evitar que los infractores continúen poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas en las vías de circulación, además de tener un carácter disuasorio para futuras infracciones.

La Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE) se encarga de gestionar y coordinar las relaciones entre la Administración Tributaria y las grandes empresas y colectivos estratégicos en España. Su objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promover la transparencia y el buen gobierno en el ámbito tributario. Para ello, lleva a cabo actuaciones de asistencia, asesoramiento, control y seguimiento, así como la coordinación de diferentes unidades de la Administración Tributaria. También promueve la divulgación y formación en materia tributaria.

El delegado de protección de datos (DPD) es una figura clave en el cumplimiento del RGPD. Su función es garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos, informar y asesorar sobre las obligaciones establecidas en el RGPD, supervisar el cumplimiento de estas obligaciones y actuar como punto de contacto con la autoridad de protección de datos. Su designación es obligatoria en ciertos casos y debe ser comunicada a la autoridad de control. La AEPD ofrece un Esquema de Certificación de DPD para garantizar la cualificación y confiabilidad de estos profesionales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) garantiza la interpretación y aplicación uniforme de la legislación de la UE en todos los países miembros. Resuelve litigios entre gobiernos nacionales e instituciones europeas. Compuesto por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, se encargan de resolver cuestiones prejudiciales y recursos de anulación. Los jueces y abogados generales son designados por los gobiernos nacionales y tienen un mandato renovable de seis años. Los particulares y empresas pueden recurrir al TJUE si se consideran perjudicados por acciones u omisiones de la UE o su personal.

La Fiscalía General del Estado garantiza la legalidad, defiende el interés público y protege los derechos de los ciudadanos en la justicia. Es responsable de perseguir delitos, representar a la sociedad en procesos judiciales y supervisar a los fiscales en todo el país.

La reducción del capital social en España puede tener diversas causas y modalidades. Según la Ley de Sociedades de Capital, las causas pueden ser la devolución de aportaciones, la condonación de dividendos pasivos, la constitución o incremento de reservas legales o voluntarias, o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad debido a pérdidas. En cuanto a las modalidades, la reducción del capital puede realizarse mediante la disminución del valor nominal de las acciones, su amortización o su agrupación para canjearlas. También se establecen reglas para determinar el valor de adquisición y transmisión de los valores afectados por la reducción del capital.

El derecho de adquisición preferente en España permite a una persona adquirir un bien antes que un tercero cuando el propietario decide venderlo. Se aplica en diferentes situaciones y está regulado por leyes específicas, incluyendo la legislación autonómica. Incluye los derechos de tanteo y retracto, que pueden ejercerse antes o después de la venta.

La acción reivindicatoria permite al propietario reclamar un bien inmueble. Requisitos: justificar el derecho de propiedad, que el demandado no tenga título legítimo, describir el inmueble con precisión, presentar pruebas concluyentes y cumplir los plazos establecidos.