España

La legislación en España que regula los delitos contra la libertad sexual se encuentra en el Título VIII del Libro II del Código Penal. Estos delitos protegen la libertad y la autodeterminación sexual, tanto de adultos como de menores y personas con discapacidad. Incluyen agresión, abuso, violación, acoso y explotación sexual. Están penados con severidad debido a las graves consecuencias para las víctimas. Además, existen disposiciones comunes y especiales aplicables a estos delitos.

La prisión provisional en España es una medida excepcional de privación de libertad que solo puede ser emitida por un juez o magistrado. Se fundamenta en criterios como la naturaleza del delito, la gravedad de la pena y la proximidad del juicio oral. Los requisitos incluyen fines legítimos, hechos delictivos con penas superiores a 2 años y pruebas de participación en el delito. La duración está limitada a 1 o 2 años, dependiendo de la pena. También se puede acordar por 6 meses para prevenir la ocultación de pruebas. Existen tres modalidades de cumplimiento y los acusados tienen derechos garantizados. Es una medida cautelar restrictiva que limita la libertad sin condena.

El informe personal de calificación (IPEC) es un documento interno y confidencial que no se notifica oficialmente. Aunque produce consecuencias jurídicas importantes, no puede ser recurrido y genera indefensión en el calificado. No existe un modo homologable y uniforme de calificación, lo que hace que el proceso sea subjetivo y injusto.

El acto jurídico en España debe cumplir con elementos esenciales como la manifestación de la voluntad, la capacidad de las partes, el objeto, la causa y la forma. Además, existen requisitos de existencia y de validez, así como elementos naturales y accidentales. Los actos jurídicos también pueden clasificarse según su unilateralidad, temporalidad, gratuidad, formalidad y contenido económico.

El delito de corrupción en los negocios está tipificado en el Código Penal de España y puede ser castigado con penas de prisión y multas tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. Las reformas introducidas en 2015 y 2019 buscan promover una interpretación restrictiva del delito, en línea con los principios del Derecho Penal. Sin embargo, aún existen dudas sobre la interpretación y aplicación del delito.

La recusación en Derecho Administrativo es un procedimiento para apartar a una autoridad o funcionario de un asunto debido a una causa legal que lo justifique. Es una herramienta para garantizar la imparcialidad en los procesos administrativos. Se presenta una solicitud fundamentada y se evalúa por un órgano superior o tribunal independiente.

El alimentante es la persona responsable de proveer alimentos a otra persona, conocida como alimentista. Esta obligación incluye comida, vestimenta, asistencia médica, habitación y educación. En el derecho de familia, los padres deben proporcionar alimentos a sus hijos y en caso de divorcio, el alimentante será el progenitor no custodio que debe pagar la pensión alimenticia al progenitor custodio.

Los gastos ordinarios son previsibles y necesarios para el sustento de los hijos, como alimentación, educación y transporte. Los gastos extraordinarios son imprevistos y no necesarios para el sustento básico, como tratamientos médicos no cubiertos por la Seguridad Social. La diferencia radica en su previsibilidad y necesidad.

El delito flagrante es aquel que se está cometiendo en el preciso momento y es observado por quienes se encuentran en el lugar de los hechos. El delincuente es sorprendido en el acto y no hay duda acerca de su culpabilidad. Además, también se considera delito flagrante cuando el autor es detenido o perseguido inmediatamente después de haberlo consumado o cuando se sorprende al infractor justo después de cometer un delito con efectos, instrumentos o vestigios que puedan llevar a sospechar de su participación en la comisión del delito. La percepción sensorial directa del hecho punible es el elemento esencial del delito flagrante.

Las eximentes incompletas en derecho penal son circunstancias atenuantes que reducen la pena en uno o dos grados. Se aplican cuando no se cumplen todos los requisitos para eximir de responsabilidad penal. Estas eximentes incluyen anomalía psíquica, intoxicación, alteración de conciencia, legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable y cumplimiento de un deber. La pena se determina según los requisitos faltantes y las circunstancias personales del autor.

El usufructo vitalicio y el usufructo universal son dos formas de usufructo que se pueden establecer en un testamento. La diferencia principal radica en la extensión del derecho de usufructo y en quién puede ejercerlo. En el usufructo vitalicio, se tiene el derecho de usar y disfrutar de un bien específico durante toda la vida, mientras que en el usufructo universal se tiene el derecho de usar y disfrutar de todos los bienes de una herencia durante toda la vida. Ambos requieren asesoramiento legal y se rigen por las leyes del país.

La diferencia entre heredero universal, heredero único y legatario radica en la forma de designación y los derechos y responsabilidades sobre los bienes heredados. El heredero universal recibe todo y asume deudas, el heredero único es designado en el testamento y el legatario recibe un bien específico.

El derecho de acrecer en el procedimiento permite que los derechos de una persona que renuncia o es incapaz de recibir una herencia pasen a los demás herederos o legatarios. Regulado por el Código Civil, se aplica en sucesiones testamentarias e intestadas.

El bien jurídico es una condición necesaria para el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad. Puede ser material o inmaterial, y es digno de protección jurídica. Cuando es protegido penalmente, se le denomina bien jurídico-penal y constituye la base de la antijuridicidad material. Cumple una función de límite del ius puniendi y distinción de los tipos delictivos.

El hecho imponible es el evento o situación que genera la obligación de pagar un impuesto, establecido por la ley para cada tributo. Por ejemplo, la compra de gasolina genera el pago de tributos especiales sobre los carburantes. Cada impuesto tiene su propia normativa, sujeta a modificaciones gubernamentales.

Un apoderado es una persona con capacidad jurídica para actuar en nombre y por cuenta de otra persona. El poder se otorga a través de un documento legal y el apoderado puede realizar contratos y acuerdos en nombre del poderdante. El poder puede ser revocado o sustituido en cualquier momento. En un proceso legal, solo puede haber un apoderado por parte y en el ámbito de las personas jurídicas, el apoderado es especialmente relevante para representar y dar consentimiento en nombre de la entidad.

Las causas de ineficacia de un testamento en España son la nulidad, la caducidad y la revocación. La nulidad se da cuando no se cumplen las formalidades legales en su otorgamiento. La caducidad ocurre por incumplimiento de formalidades o el paso del tiempo. La revocación sucede cuando el testador cambia su voluntad.

"La expresión "ad cautelam" se utiliza en el ámbito jurídico para referirse a la posibilidad de presentar motivos de casación de forma subsidiaria o precautoria, en caso de que los motivos principales sean excluyentes entre sí."

El delito leve de hurto se diferencia del robo en la forma en que se comete y las circunstancias que lo rodean. Mientras el robo implica el uso de fuerza o violencia, el hurto se refiere a la apropiación sin violencia. Además, el robo es considerado más grave y tiene penas más severas.

Los bienes fungibles se agotan con su uso y pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, como el dinero. Por otro lado, los bienes no fungibles no se agotan y no pueden ser sustituidos, como una obra de arte. Los bienes fungibles se regulan en el Código Civil y los no fungibles se determinan por su especie o individualidad. El dinero es considerado el bien fungible por excelencia.

El acreedor pignoraticio requiere la entrega de un bien como garantía de devolución del préstamo. Su actividad está regulada por las leyes para evitar abusos y deben custodiar y devolver la prenda en las mismas condiciones. En caso de impago, pueden disponer y venderla.

La validez de un contrato verbal puede ser difícil de demostrar en caso de conflicto. Es recomendable tener un contrato escrito para evitar posibles desacuerdos.

En el ámbito laboral, es importante comprender la diferencia entre días naturales, hábiles e inhábiles. Los días hábiles son de lunes a viernes, excluyendo festivos. Los días naturales son todos los días del año, sin importar si son laborables o festivos. Los días inhábiles son sábados, domingos y festivos. Es crucial tener claridad sobre estos conceptos para una correcta gestión laboral.

El recurso de suplicación laboral en España se presenta ante la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. Debe anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia y puede ser por manifestación, comparecencia o escrito. El objetivo del recurso es corregir infracciones de normas o garantías del procedimiento, revisar los hechos probados y examinar las infracciones de normas sustantivas o de jurisprudencia. Tras la admisión del recurso, se dará traslado a la parte contraria y se remitirán las actuaciones a la Sala de lo Social correspondiente. La sentencia se dictará en un plazo de diez días y puede estimar o desestimar el recurso.

El cedente es la parte que transfiere derechos o propiedades a otra en un contrato o acuerdo. Puede ser una persona física o jurídica y la cesión se realiza a través de un contrato que establece las condiciones de la transferencia.

La pensión compensatoria en España se otorga en casos de divorcio con desequilibrio económico entre los cónyuges. Debe ser solicitada expresamente y se determina según factores como edad, salud, profesión y acuerdos previos. No hay un importe fijo, puede ser mensual, porcentaje de ingresos o pago único. Puede modificarse por cambios en el patrimonio y se extingue por diferentes motivos. En caso de fallecimiento, la obligación pasa a los herederos y el receptor puede tener derecho a pensión de viudedad.

La pena privativa de derechos implica la privación o limitación de ciertos derechos civiles y públicos de una persona condenada por un delito. Puede incluir la patria potestad, el ejercicio de cargos públicos, el desempeño de empleos o profesiones, el derecho al sufragio y otros derechos similares. Estas penas pueden ser impuestas como pena principal o accesoria, y su duración depende de la gravedad del delito y las circunstancias del caso.

El acta de notoriedad en España es un documento público que permite establecer afirmaciones o actos conocidos y probados como prueba en procesos judiciales. Para obtenerla, se deben seguir requisitos como presentar una solicitud, acreditar el interés legítimo y la certeza del hecho, presentar pruebas documentales y testificales, realizar citaciones y requerimientos, y obtener la calificación favorable del Notario. Es importante seguir los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa aplicable.

El procedimiento de reforma constitucional en España requiere la aprobación de una mayoría de tres quintos en ambas Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado). En caso de desacuerdo, se forma una Comisión paritaria que presenta un texto para su votación. Si no se aprueba, el Congreso puede aprobar la reforma por mayoría de dos tercios, siempre y cuando haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado.

En España, la diferencia entre juez y magistrado radica en su categoría y funciones dentro de la carrera judicial. Un juez administra justicia en un juzgado, mientras que un magistrado forma parte de un tribunal superior. Los magistrados tienen competencia para resolver recursos de casación y revisar decisiones de tribunales inferiores. Ambos deben ser independientes e imparciales en su función.

La estimación directa normal y simplificada son dos modalidades de cálculo y declaración del IRPF para autónomos en España. La primera requiere mayor control contable y permite deducciones de gastos de difícil justificación, mientras que la segunda es más sencilla y adecuada para autónomos con menor facturación. Es importante elegir la opción correcta y buscar asesoramiento para maximizar los beneficios fiscales.

En España, los trabajadores del sector privado no tienen un número específico de días de asuntos propios establecido en el Estatuto de los Trabajadores. La posibilidad de disfrutar de días de asuntos propios depende del convenio colectivo o del acuerdo con el empleador. En el caso de los funcionarios públicos, tienen derecho a 6 días al año de permiso por asuntos particulares, según el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP). Sin embargo, en el año 2020, se amplió a 7 días de asuntos particulares debido a la congelación del sueldo. En el sector privado, por lo general, los días de asuntos propios no son retribuidos y se descuentan del sueldo, a menos que se establezca lo contrario en el convenio colectivo o en un acuerdo con el empleador. Los trabajadores deben comunicar a la empresa su intención de disfrutar de días de asuntos propios, siguiendo las pautas establecidas en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. La empresa puede denegar los días de asuntos propios, pero debe justificar la negativa. En caso de negativa injustificada, el trabajador puede denunciar ante el Juzgado de lo Social y tener derecho no solo al día de asuntos propios, sino también a indemnización por daños y perjuicios.