España

El coaseguro es un contrato en el que varias entidades aseguradoras comparten la cobertura de un mismo riesgo, asumiendo cada una una parte específica. A diferencia del reaseguro, donde el asegurador original asume todo el riesgo y luego puede transferir una parte a una entidad de reaseguro. El coaseguro permite distribuir los riesgos de manera equitativa entre las entidades participantes y limitar su exposición.

El concurso consecutivo en la Ley de Segunda Oportunidad permitía cancelar deudas no pagables, pero fue eliminado con la reforma de 2022.

La conducción temeraria se refiere a conducir de manera imprudente, poniendo en peligro la vida de otros. El Código Penal establece penas de prisión y privación del derecho a conducir. No debe confundirse con la imprudencia penal.

Un contrato de adhesión es aquel en el que una de las partes redacta el contrato y la otra parte simplemente se adhiere o rechaza el contrato en su totalidad. Este tipo de contrato se utiliza comúnmente en contratos de consumo, pero también puede darse en contratos individuales entre un oferente y un aceptante. Los contratos de adhesión presentan problemáticas socioeconómicas y jurídicas, ya que pueden llevar a abusos por parte de las grandes empresas y bancos, generando denuncias y sobreendeudamiento de los consumidores. A pesar de esto, son considerados válidos, pero se busca proteger al consumidor mediante la prohibición de cláusulas abusivas y la vigilancia por parte de instituciones públicas.

El término delito se define como una acción tipificada y penada por la ley, que supone una infracción del derecho penal. En español, se utiliza indistintamente con la palabra "crimen". En algunos países, como Argentina y Chile, se utiliza también la expresión "delito civil" para referirse a actos intencionales o negligentes que causan daño y generan la obligación de indemnizar. La teoría del delito estudia los requisitos para establecer la existencia de un delito, y en algunos sistemas jurídicos se distingue entre delito penal y delito civil.

El derecho consuetudinario en España se basa en normas jurídicas no escritas, sino en costumbres arraigadas en una comunidad. Para que una conducta sea considerada como costumbre y tenga efectos jurídicos, debe ser repetitiva, generalizada, considerada obligatoria por todos los miembros de la comunidad y tener antigüedad. El derecho consuetudinario puede ser respaldado por el Estado y tiene aplicaciones en diversas áreas del derecho, como el derecho comercial y la regulación de la propiedad y la tenencia de tierras. Es importante distinguir entre las costumbres "buenas" o correctas, que deben cumplir con las reglas morales de convivencia social.

El derecho de opción permite decidir sobre la celebración de un contrato de compraventa. Se adquiere a través de un contrato de opción y debe notificarse al concedente para ejercerlo. Una vez notificado, el contrato de compraventa se perfecciona y el concedente está obligado a cumplirlo. El contrato de opción puede ser inscrito en el Registro de la Propiedad para otorgarle eficacia de derecho real.

El derecho de retracto en España permite a una persona adquirir un bien que ha sido vendido a otra por el mismo precio. Se divide en dos tipos: retracto convencional y retracto legal. El primero se da cuando el vendedor se reserva el derecho de recuperar el bien vendido, pagando el mismo precio y los gastos. El segundo ocurre cuando una tercera persona se subroga en el lugar del comprador. Cada tipo tiene sus propias condiciones y plazos para ejercer el derecho. Es importante consultar a un abogado especializado en derecho civil para obtener asesoramiento específico.

El derecho objetivo establece normas y obligaciones, mientras que el derecho subjetivo otorga facultades para exigir su cumplimiento. Ambos conceptos están interrelacionados y son fundamentales en el sistema legal de un país. Sin derecho objetivo, no habría derechos subjetivos, y viceversa.

El derecho personal, también conocido como crédito, se refiere a los derechos que solo pueden ser reclamados de personas específicas que han contraído obligaciones correlativas. Estos derechos se establecen entre un acreedor y un deudor, y se caracterizan por ser una relación entre sujetos en lugar de una relación sujeto-objeto como ocurre en los derechos reales. Implica la facultad de obtener o exigir al deudor una prestación o abstención, y puede ser protegido a través de acciones personales. Los derechos personales son relativos y pueden tener una duración limitada en el tiempo. Se diferencian de los derechos reales en que no recaen directamente sobre cosas, sino que exigen una conducta específica por parte del deudor. Se adquieren a través de contratos y pueden ser extinguidos una vez que se cumple la obligación o se satisface el derecho del acreedor.

El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, que pueden estar vigentes o no. Se considera derecho positivo a todas las normas jurídicas escritas, no solo a las leyes. A diferencia del derecho natural y consuetudinario, el derecho positivo es impuesto colectivamente para normar la convivencia, sancionado por las instituciones del Estado. El concepto de derecho positivo se basa en el iuspositivismo, que considera que el único derecho válido es el creado por el ser humano. El derecho positivo descansa en la teoría del normativismo y se estructura según una jerarquía de normas. Existen corrientes jurídicas que no excluyen el derecho natural, pero consideran que el derecho positivo debe obedecer a estos principios para ser justo y legítimo. El positivismo jurídico se divide en formalista y sociológico, y su concepción abarca un solo derecho, el derecho positivo. En cambio, el iusnaturalismo sostiene la existencia de dos derechos: el derecho positivo y el derecho natural.

El desacato en España se define como faltar al respeto o desobedecer a una autoridad o norma establecida. Puede manifestarse a través de insultos, gestos ofensivos o negativa a acatar órdenes. Es considerado irrespetuoso y puede tener consecuencias legales.

El embargo en España es una medida judicial que suspende o prohíbe el derecho de disposición de una persona sobre sus bienes o derechos económicos. Puede ser ejecutivo o preventivo, y su objetivo es asegurar el cumplimiento de pagos establecidos en una sentencia. Existen diferentes tipos de embargos, como el de bienes no monetarios o el de crédito. Se clasifican en ejecutorios, conservatorios y retentivos, cada uno con sus propias características y finalidades.

La enfiteusis es un derecho real que implica la cesión temporal del dominio útil de un inmueble a cambio del pago de un canon anual. En España, estuvo vigente durante la Edad Media y la Moderna, y se presentaba bajo formas feudales como el solariego o el foro. Aunque no se extinguió propiamente en 1811, se sentaron las bases para su declive y final extinción hacia 1890. Actualmente, el derecho real de censo enfitéutico o marquesado aún está reconocido por el Código Civil español.

El estado civil es la situación de las personas determinada por sus relaciones de familia, como el matrimonio o parentesco. Puede variar de un país a otro e incluir estados como soltero, casado, divorciado y viudo. En España, se registra en el Registro Civil. En México, hay dos estados civiles: soltero y casado. En Uruguay, hay siete estados civiles, incluyendo soltero, casado, divorciado, viudo, hijo/a natural y legítimo/a. En Venezuela y Paraguay, también hay cuatro estados civiles.

El homicidio es el acto de causar la muerte de otro ser humano. Existen diferentes tipos de homicidio, como el doloso, el culposo, el preterintencional, el simple y el calificado. Cada tipo tiene sus propias características y circunstancias específicas. Es importante diferenciar entre homicidio y asesinato, así como entre homicidio culposo y doloso. La regulación del homicidio varía según el país y se establecen diferentes agravantes y atenuantes según las circunstancias del caso.

La homologación de la refinanciación es un proceso legal que permite a deudores y acreedores llegar a un acuerdo viable para evitar la liquidación de una empresa en situación de insolvencia. Este proceso garantiza el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo y ofrece beneficios tanto para el deudor como para los acreedores.

La jurisdicción en España es la potestad del Estado para aplicar el derecho y resolver controversias de manera definitiva. Es ejercida por tribunales de justicia independientes y se caracteriza por ser constitucional, general, exclusiva, permanente y procesal. Además, se basa en principios como la legalidad, independencia y territorialidad. La jurisdicción puede ser contenciosa o no contenciosa, ordinaria o especial, y tiene tres momentos: conocimiento, decisión y ejecución. Sus límites se encuentran en el tiempo, el espacio y el respeto a los derechos fundamentales.

La libertad sindical en España es un derecho fundamental reconocido en la Constitución de 1978. Garantiza a los trabajadores la posibilidad de sindicarse libremente, fundar sindicatos, elegir representantes y ejercer actividades sindicales como la negociación colectiva y el derecho de huelga. Los sindicatos también tienen derechos, como redactar estatutos y constituir federaciones. Para adquirir personalidad jurídica, deben depositar sus estatutos en una oficina pública.

"El litigio, según la RAE, es una controversia sometida a la decisión de un tribunal de justicia."

La manutención es el acto de proveer los recursos necesarios para el sustento y cuidado de una persona, como alimentos, vivienda y educación. En el ámbito legal, se refiere a la obligación de proporcionar apoyo económico a cónyuges o hijos después de un divorcio. Su cumplimiento es fundamental para garantizar una vida digna.

La morada se define como el lugar donde alguien habita o reside de manera permanente, también puede referirse a un lugar temporal o simbólico, como el cielo o el infierno después de la muerte. Es el lugar donde alguien vive o reside, ya sea de manera permanente o temporal.

La nuda propiedad es el derecho de una persona sobre un bien del que es propietario, pero sin el derecho de uso y disfrute de dicho bien. Se adquiere a través de herencias, donaciones o venta con reserva de usufructo. El nudo propietario tiene derechos y obligaciones, y la nuda propiedad se extingue por diferentes circunstancias. Se diferencia del usufructo en que el nudo propietario es el propietario legal del bien, pero no tiene el derecho de uso y disfrute.

Un partido judicial es una unidad territorial en España para la administración de justicia. Está compuesto por uno o varios municipios limítrofes y pertenece a una misma provincia. Existen 431 partidos judiciales en España, distribuidos por comunidades autónomas. Cada partido judicial tiene una cabeza, que es el municipio más grande o con mayor número de asuntos litigiosos, donde se encuentra la sede de uno o varios juzgados de primera instancia e instrucción. Los demás municipios del partido judicial están a cargo de los juzgados de paz.

La prevaricación es un delito en el que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria e injusta, contraria a la ley. Es un abuso de autoridad sancionado por el derecho penal en España y otros países de América Latina.

La propiedad industrial en España abarca los derechos de exclusiva sobre invenciones, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y secretos empresariales. Estos derechos se obtienen mediante el registro y permiten a los titulares proteger y aprovechar sus creaciones en el ámbito empresarial.

El reaseguro es un contrato mediante el cual una compañía aseguradora transfiere parte de los riesgos y responsabilidades de sus pólizas a otra entidad aseguradora. El reasegurador asume la obligación de indemnizar al asegurador original en caso de siniestro, cubriendo parcial o totalmente el costo del mismo.

Un representante de comercio es una persona que promueve y concierta operaciones mercantiles por cuenta de empresarios, sin asumir el riesgo de dichas operaciones. Tiene derecho a una retribución y el contrato debe ser por escrito, incluyendo las menciones mínimas requeridas. El representante tiene derecho a reconocimiento de clientela y el empresario debe cumplir con sus obligaciones. El contrato puede tener duración determinada o indeterminada y puede ser suspendido o extinguido según las normas laborales.

La responsabilidad civil extracontractual en España surge cuando una persona causa daño a otra por culpa o negligencia, sin existir un contrato previo. Está regulada por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se requiere ausencia de relación contractual, prueba de responsabilidad, daño cierto y directo, relación de causalidad, antijuridicidad y relación entre daños y culpable. Ejemplos: accidentes viales, daños por animales, actos médicos negligentes y accidentes en locales comerciales. Puede ser subjetiva u objetiva, directa o indirecta. Excepciones: daño doloso, inimputabilidad, legítima defensa, estado de necesidad y consentimiento. Diferencias con responsabilidad contractual: origen, prescripción, monto del resarcimiento y competencia judicial.

La responsabilidad civil es la obligación de reparar los daños y perjuicios causados a otra persona o a su patrimonio. Puede ser contractual o extracontractual, y puede derivar de un ilícito penal. Algunos ejemplos son las fugas de agua, los accidentes de tráfico y la mala praxis de profesionales. Es importante contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir las consecuencias desfavorables.

Una sentencia es una resolución emitida por un tribunal o juez que pone fin a un proceso judicial y establece los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Es el resultado de un análisis exhaustivo de las pruebas y la legislación aplicable, y puede ser condenatoria o absolutoria. La sentencia debe ser fundamentada, notificada a las partes y tiene efectos vinculantes. Además, puede sentar precedentes legales y contribuir al desarrollo del derecho.

Una sociedad mercantil estatal es aquella en la que la Administración General del Estado o alguna entidad del sector público institucional estatal tiene una participación directa en su capital social superior al 50%. Estas sociedades se rigen por el ordenamiento privado, pero están sujetas a la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación.