España

El derecho público en España regula las relaciones entre personas privadas y los órganos del poder público. Se divide en ramas como el derecho constitucional, administrativo, internacional público, penal, financiero y tributario, y laboral y de la seguridad social. Aunque se ha cuestionado la distinción entre derecho público y privado, el primero se caracteriza por ser irrenunciable y obligatorio, basado en principios como la legalidad y el mantenimiento del Estado democrático.

Un deudor es una persona o entidad que tiene una obligación de pagar una deuda a otra persona o entidad, conocida como acreedor. Existen diferentes tipos de deudores, como el deudor solvente, insolvente, moroso, hipotecario, comercial, público y personal. Es importante cumplir con las obligaciones y buscar soluciones en caso de dificultades financieras.

El dolo en el derecho español es la conducta de realizar u omitir una acción con conocimiento y plena voluntad de hacerlo, a pesar de saber que se está infringiendo la ley penal. Se distinguen tres tipos de dolo: directo o de primer grado, directo de segundo grado y eventual.

Una donación inoficiosa en España es aquella que excede el límite permitido por testamento. Los herederos legítimos pueden solicitar su reducción después del fallecimiento del donante, según el artículo 817 del Código Civil.

La enajenación se define como el acto de transferir la propiedad de un bien o derecho a otra persona, ya sea de forma voluntaria o forzosa. También puede referirse a la pérdida de la capacidad de discernimiento o de control sobre uno mismo, manifestándose en comportamientos extraños o irracionales. En el ámbito jurídico, implica la renuncia o cesión de los derechos sobre un bien o derecho a favor de otra persona. En el ámbito psicológico, implica una desconexión con la realidad y una pérdida de la capacidad de tomar decisiones racionales. En el ámbito social, implica una alienación o separación de una persona o grupo respecto a la sociedad o a su entorno.

La evicción es una situación jurídica en la que el adquirente de una cosa es privado total o parcialmente de ella debido a una sentencia judicial o administrativa que reconoce los derechos de un tercero sobre la misma. Se regula principalmente en el Código Civil Chileno en relación a la compraventa y el arrendamiento. El vendedor o arrendador tiene la obligación de sanear la evicción, devolviendo el precio de la venta o las rentas pagadas, indemnizando los perjuicios sufridos y pagando las costas judiciales.

Las excusas absolutorias en el Código Penal son motivos legales para eximir de responsabilidad penal a una persona que ha cometido un delito. Estas excusas se basan en razones de utilidad o justicia material y evitan el castigo de hechos considerados delictivos. No deben confundirse con otras causas de extinción de la responsabilidad penal ni con las circunstancias eximentes de la culpabilidad o la antijuricidad. En el Código Penal vigente, se encuentran diferentes excusas absolutorias, como el desistimiento voluntario en la tentativa de un delito, la regularización de la situación tributaria o ante la Seguridad Social, la convalidación posterior de un matrimonio inválido, la denuncia del cohecho realizado por un particular, el encubrimiento de parientes, la retractación de un falso testimonio antes de la sentencia, la revelación de un delito de rebelión o sedición, y la exención de responsabilidad para los cónyuges que no estén separados legalmente o de hecho.

La filiación es el vínculo legal entre padres e hijos, establecido a través de lazos biológicos, adopción o reconocimiento. Se divide en filiación por naturaleza (matrimonial y no matrimonial) y filiación adoptiva. Conlleva derechos como el nombre y apellidos, patria potestad, derechos sucesorios y deberes de cuidado y protección.

El fraude de ley en España se refiere a la realización de un acto jurídico aparentemente lícito, respaldado por una norma vigente, pero que produce un resultado contrario o prohibido por alguna norma fundamental en la regulación de una materia. Algunos ejemplos comunes son los contratos de compraventa que esconden una donación y la contratación de profesionales autónomos que en realidad son trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena.

El fraude procesal en España se refiere a las acciones realizadas por una parte en un proceso judicial con el objetivo de obtener una ventaja injusta o perjudicar los derechos de terceros. Se considera una violación de la buena fe procesal y puede tener consecuencias legales, como la anulación de pruebas y la imposición de multas. La regulación del fraude procesal se encuentra en diferentes leyes y códigos, que establecen la obligación de actuar de acuerdo con la buena fe en el proceso judicial.

El fumus boni iuris es un concepto utilizado en el derecho español para determinar si existe una apariencia de buen derecho en un caso. Se aplica en el ámbito de las medidas cautelares y se basa en elementos de juicio que indican una posición legalmente válida. Los tribunales evalúan diferentes elementos para decidir si se deben tomar medidas provisionales.

El hecho jurídico es todo fenómeno de la naturaleza o del comportamiento humano que el legislador considera atribuible de consecuencia jurídica. Puede ser clasificado según su origen y las consecuencias que produce. A diferencia de los actos jurídicos, los hechos jurídicos no son necesariamente voluntarios. Algunos ejemplos son la firma de un contrato, el otorgamiento del consentimiento matrimonial y las inscripciones registrales. En Argentina, se diferencia del acto jurídico en que este último es voluntario y tiene por fin inmediato producir la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas.

La imputabilidad en el ámbito penal se refiere a la capacidad de una persona para entender y ser responsable de sus acciones delictivas. Es un concepto jurídico que determina si una persona puede ser considerada culpable y responsable penalmente de sus actos. La imputabilidad implica discernimiento, intención y libertad al cometer un delito. Aquellos que carecen de estas capacidades, como los menores de edad o las personas con trastornos mentales graves, no pueden ser considerados culpables ni responsables penalmente de sus actos.

La insolvencia temporal se refiere a una situación en la que una persona o empresa enfrenta dificultades financieras a corto plazo, pero aún tiene la capacidad de recuperarse y cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, la insolvencia permanente se refiere a una situación en la que una persona o empresa no puede cumplir con sus obligaciones financieras y no tiene la capacidad de recuperarse. Ambas situaciones pueden tener consecuencias negativas a nivel personal y empresarial, por lo que es importante llevar a cabo una gestión financiera adecuada y tomar medidas preventivas para evitar la insolvencia.

El iter criminis es el proceso de desarrollo del delito, desde que se idea hasta que se consuma. Se divide en dos fases: interna y externa. La fase interna ocurre en la mente del autor y no puede ser objeto del Derecho penal. La fase externa es la materialización de la idea y se divide en actos preparatorios y actos ejecutivos. El delito puede ser consumado, frustrado o en tentativa, y en caso de desistimiento en la tentativa, el autor puede quedar exento de responsabilidad penal.

El ius sanguinis es un criterio jurídico que se utiliza para determinar la concesión de la nacionalidad basado en la filiación y la herencia de la identidad nacional de los ascendientes. Se aplica en varios países, especialmente en Europa, y puede generar debates sobre la inclusión y la igualdad de derechos.

El ius variandi es la facultad del empleador de realizar cambios en las condiciones de trabajo, pero tiene límites establecidos para proteger los derechos del trabajador. Estos límites incluyen la razonabilidad de los cambios, la protección de modalidades esenciales del contrato y la compensación por cualquier perjuicio causado al trabajador. Cada país tiene su propia legislación que regula el ejercicio del ius variandi y establece los procedimientos para impugnar los cambios realizados.

La compulsión sobre las personas es un mecanismo utilizado por la Administración para garantizar el cumplimiento de los actos administrativos y defender el interés general. Se aplica a través de la compulsión forzosa, que es un medio de ejecución forzosa de los actos administrativos. Se utiliza en casos de obligaciones personales de no hacer o soportar y se regula mediante la ley, respetando siempre los derechos constitucionales de los ciudadanos.

La condena en costas puede aplicarse en casos de actuación temeraria o de mala fe, reclamaciones o defensas infundadas, rechazo de ofertas de conciliación razonables, incumplimiento de órdenes judiciales o actuación negligente, y acciones para dilatar el proceso o causar daño a la otra parte. La decisión de aplicarla depende del juez y de las circunstancias del caso.

La culpa in vigilando es la responsabilidad de un empleador por no supervisar adecuadamente a sus empleados, lo que puede resultar en daños a terceros. El empleador debe cumplir con su deber de vigilancia y control, y puede ser considerado responsable por los daños causados por sus empleados. Es importante que los empleadores tomen medidas para prevenir daños y cumplan con su deber de vigilancia.

La doble imposición en España se refiere a cuando una renta está gravada por dos o más impuestos similares. Para evitarla, existen convenios de doble imposición entre países. En España hay 103 CDIs, de los cuales 99 están en activo. Existen dos tipos de doble imposición: jurídica y económica. Para evitarla, se pueden utilizar métodos de exención o de imputación o crédito fiscal. Estas son las formas que contempla la ley para evitar la doble imposición y no pagar dos veces un mismo tributo.

La ejecución subsidiaria en España es una herramienta de ejecución forzosa de los actos administrativos. Se aplica cuando los actos pueden ser realizados por cualquier persona distinta del obligado. No impone cargas nuevas al obligado y los gastos son exigibles. Está sujeta a principios como el respeto a la dignidad y la necesidad de autorización judicial para entrar en el domicilio del obligado.

La ficta confessio es una figura jurídica que se utiliza para considerar como reconocidos los hechos en los que una parte no comparece sin una causa justificada en un proceso legal. Su aplicación no es automática y depende de la decisión del juez o tribunal.

La fragilidad de los hechos probados en el sistema jurídico español se refiere a la debilidad de la evidencia presentada en un juicio. Esto puede poner en duda la validez de los hechos establecidos y afectar la justicia de la sentencia. La falta de pruebas contundentes o la presencia de inconsistencias en la evidencia son algunas de las razones de esta fragilidad. Es importante presentar argumentos sólidos para respaldar las afirmaciones y contrarrestar la falta de solidez de los hechos probados.

La inderogabilidad singular de los reglamentos garantiza la seguridad jurídica y la igualdad en la actuación administrativa. Evita la arbitrariedad y asegura que todos se rijan por las mismas reglas establecidas en los reglamentos.

La lex artis es fundamental en las reclamaciones por negligencias médicas, ya que determina si el sanitario ha actuado de manera prudente y profesional, siguiendo los estándares de la profesión y aplicando los conocimientos médicos al escenario en el que se encuentra.

La libertad de cátedra en España permite a los profesores expresar sus ideas y opiniones en el ámbito educativo, siempre y cuando se respeten los programas establecidos y los límites éticos. Es esencial para garantizar la calidad de la educación y promover la diversidad de ideas y opiniones en el ámbito educativo.

Las capitulaciones matrimoniales en España son un contrato que se puede hacer antes o después del matrimonio, con el objetivo de establecer las normas que regirán el aspecto económico del mismo. Pueden ser recomendables en situaciones en las que uno o ambos cónyuges tienen bienes o deudas previas al matrimonio que desean proteger, cuando uno de los cónyuges tiene una empresa o negocio propio, cuando uno de los cónyuges tiene hijos de una relación anterior, o simplemente para establecer acuerdos claros y justos en cuanto a la distribución de los bienes y las responsabilidades financieras en caso de divorcio o fallecimiento de uno de los cónyuges.

Un legado es una disposición testamentaria en la cual una persona deja una parte específica de sus bienes a otra persona determinada. El legatario adquiere los bienes a título particular y tiene menos derechos que un heredero. Existen diferentes tipos de legados según las condiciones establecidas por el testador.

La legitimación procesal en el proceso civil en España es la capacidad de una persona para participar como demandante o demandado. Es importante porque garantiza que solo las personas adecuadas puedan participar y obtener una resolución judicial. Aunque hay falta de acuerdo en su tratamiento procesal, es un elemento fundamental en el proceso civil.

El perjuicio se define como el daño, menoscabo o perjuicio que se causa a alguien o algo. Puede referirse tanto a daños físicos como a daños morales o económicos. El perjuicio puede ser causado de manera intencional o involuntaria, y puede ser resultado de acciones, omisiones o negligencias. En el ámbito legal, el perjuicio se refiere a los daños y perjuicios que una persona puede reclamar como consecuencia de una acción ilícita o negligente de otra persona. Estos daños y perjuicios pueden incluir tanto daños materiales como daños morales, y su cuantificación puede ser determinada por un tribunal en base a diferentes criterios, como el valor de mercado de los bienes dañados, los gastos médicos o el sufrimiento emocional causado.

Una persona física es todo ser humano con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Su existencia se inicia al nacer y finaliza con la muerte. En España, los derechos de la persona física están protegidos en la Constitución y son fundamentales para el orden político y la paz social.