España

Un título de crédito, también conocido como título valor, es un documento necesario para ejercer un derecho económico. Está compuesto por un valor y un soporte material. Los títulos de crédito tienen elementos importantes como la incorporación, la legitimación, la literalidad, la autonomía y la circulación. Se clasifican según su forma de transmitirse, su regulación legal y su objeto. Cada país tiene su propia legislación al respecto.

Los tres tipos de arraigo en el ámbito jurídico son el arraigo social, laboral y familiar. El arraigo social se refiere a la integración en la sociedad, el laboral a tener un empleo estable y el familiar a tener vínculos familiares en el país de residencia. Estos tipos de arraigo son importantes para demostrar estabilidad y evitar riesgos para la sociedad.

La diferencia entre error excusable e inexcusable en el cálculo radica en la causa que lo provoca. Si es atribuible a culpa, imprudencia o ignorancia del individuo, es inexcusable. Si no es atribuible a estas circunstancias, es excusable. La determinación corresponde a los jueces y tribunales.

El exceso de cabida se aplica cuando hay una diferencia entre la superficie real y la registrada en el Registro de la Propiedad. Las causas más comunes son el método de medición, límites imprecisos y alteraciones urbanísticas ilegales. La inscripción se regula en la Ley Hipotecaria. Hay casos en los que no es necesario tramitar el expediente. Los principios básicos son la especialidad y exactitud registral. En la tasación, solo se considera la superficie registrada. También es importante tener en cuenta el defecto de cabida en la venta de inmuebles.

El informe pericial en España es realizado por un perito, un profesional experto en un tema específico. El perito debe ser imparcial, tener el título oficial correspondiente o ser un experto reconocido en la materia. Su labor es actuar con independencia, decir la verdad basado en su formación técnica, colaborar con el juez o tribunal y respetar las normas de Enjuiciamiento Civil y Criminal.

El ius puniendi es la facultad sancionadora del Estado para imponer penas a los culpables de delitos. Es exclusivo del derecho penal y se aplica en relación al Estado y los ciudadanos. Existen dos concepciones filosóficas sobre este derecho y en el Estado actual se atribuye a ciertos órganos del Estado para imponer sanciones después de un proceso legal.

La responsabilidad solidaria implica que varios deudores deben responder por la totalidad de la deuda, mientras que en la responsabilidad subsidiaria hay un deudor principal y varios secundarios, quienes asumen la deuda si el principal no puede pagar.

Los días hábiles son los días de la semana en los que se pueden realizar actividades administrativas y judiciales, excluyendo los festivos. Por otro lado, los días naturales incluyen los fines de semana y festivos. En el ámbito laboral, los días hábiles son importantes para calcular plazos y determinar derechos como las vacaciones. Es necesario tener en cuenta el calendario de días inhábiles para cumplir con los plazos establecidos en procedimientos administrativos y judiciales.

El dolo eventual y la culpa consciente son conceptos jurídicos que se diferencian en la aceptación o rechazo del resultado delictivo. Mientras que en el dolo eventual se acepta o tolera, en la culpa consciente se rechaza. Además, el dolo eventual se distingue del caso fortuito por la imprevisibilidad de este último.

La capacidad jurídica se refiere a la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Por otro lado, la capacidad de obrar se refiere a la aptitud de una persona para ejercer esos derechos y deberes de manera efectiva. Se adquiere al alcanzar la mayoría de edad y puede estar limitada en casos especiales, como en personas con discapacidad o menores emancipados. Se han establecido medidas de apoyo para garantizar que estas personas puedan ejercer su capacidad de obrar de manera efectiva y que se respete su voluntad en la toma de decisiones.

El término "causante" se utiliza para describir a la persona que causa algo o a la que proviene un derecho en el ámbito legal. En el contexto de sucesiones y herencias en España, el causante sería la persona que deja una herencia. También puede referirse a un contribuyente en México.

La exacción es la acción de exigir o imponer un tributo o impuesto de manera abusiva o ilegal, así como el tributo mismo que se exige de manera injusta o desproporcionada.

El término "irrogar" en el ámbito jurídico se refiere a causar daño o imponer un castigo, así como atribuir responsabilidad o culpa a alguien.

La demanda de bienes y servicios está influenciada por varios factores, como el precio, la oferta, el lugar de venta, el poder adquisitivo de los consumidores y sus deseos y necesidades. Estos factores interactúan entre sí y pueden cambiar con el tiempo, afectando así la demanda en el mercado. Es crucial para las empresas comprender y adaptarse a estos factores para tener éxito en el mercado.

Las reglas de imputación de pagos permiten al deudor decidir a qué deudas imputa su pago, pero con limitaciones. Si no ejerce esta facultad, se realizará una determinación legal basada en la onerosidad de las obligaciones. Se imputará el pago a la deuda más onerosa, considerando factores como garantías, posición del deudor, naturaleza de la obligación y cláusulas penales.

La reserva de dominio es un pacto entre comprador y vendedor que permite al vendedor mantener la propiedad del bien hasta que se pague el último plazo del precio acordado. Es una cláusula común en la compraventa de bienes muebles, como vehículos. Debe estar incluida en el contrato y proteger los derechos del consumidor y del vendedor. La cancelación de la reserva de dominio debe ser realizada por el comprador, presentando una constancia de pago total de la deuda.

La usura es el cobro de intereses excesivos sobre un préstamo. En España, hay debate sobre el plazo de prescripción para reclamar cantidades de un contrato declarado como usurario. Varios países de la UE tienen límites para los tipos de interés en financiaciones con consumidores. La usura es condenada por diversas religiones y en algunos países está penada por ley.

Las solemnidades en los actos jurídicos son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de las partes, actuar como prueba fehaciente de los actos, facilitar la resolución de conflictos y asegurar la validez y eficacia jurídica. Cumplir con las formalidades requeridas es esencial para garantizar la protección de los derechos de las partes involucradas.

Una sociedad profesional es una forma de organización empresarial en la que un grupo de profesionales se asocian para ejercer una actividad conjunta. Aspectos clave incluyen la responsabilidad disciplinaria y patrimonial, la necesidad de un seguro de responsabilidad, la elección de la forma jurídica, el capital social, la participación de los socios, la administración y gestión, y las obligaciones fiscales y contables.

Un contrato de interinidad es un acuerdo contractual para suplir una vacante por tiempo determinado debido a la ausencia temporal de un trabajador. Se aplica en situaciones específicas y su duración depende del motivo de la ausencia. Al crear un contrato de interinidad, es importante incluir los aspectos necesarios y cumplir con las condiciones legales establecidas. Los contratos de interinidad tienen ventajas tanto para la empresa como para el empleado, pero están excluidos de indemnización en caso de finalización.

El salario base es la retribución fija que recibe un trabajador por su tiempo o trabajo ejecutado, sin incluir complementos salariales. Está regulado por el Estatuto de los Trabajadores y se establece en función del convenio colectivo o contrato de trabajo. Forma parte del salario bruto y puede calcularse según el tiempo o trabajo realizado. El software de Personio facilita la gestión de nóminas al centralizar información y automatizar procesos.

"El permiso por mudanza varía según el convenio colectivo, pudiendo llegar a ser de hasta 2 días. Se debe notificar a la empresa con 14 días de antelación y justificar la necesidad del permiso. Incluso sin traslado de muebles, el permiso sigue siendo válido."

Los peritos son expertos designados por el tribunal que brindan testimonio experto basado en su conocimiento especializado, mientras que los testigo-peritos son personas con conocimiento directo o experiencia personal en un asunto en particular que brindan testimonio de hecho basado en su experiencia personal.

Un grupo de empresas es un conjunto de empresas formado por una sociedad dominante y sus filiales. Cada empresa es independiente legalmente, pero el grupo debe presentar estados financieros consolidados y cumplir con regulaciones especiales. Se pueden formar por fusiones, motivos organizativos, limitación de responsabilidad o inversión en el extranjero. En España, la regulación se encuentra en el Código de Comercio y en las normas de elaboración de cuentas anuales. En Chile, se encuentra en la Ley de Mercado de Valores.

La insubordinación militar en España: definición y consecuencias legales. La insubordinación militar se refiere a la conducta de un miembro de las fuerzas armadas que se niega a obedecer órdenes legítimas de sus superiores o muestra desafío o falta de respeto hacia ellos. Es considerada un delito y puede tener consecuencias legales y disciplinarias.

El Código de Buenas Prácticas 2024 trae consigo importantes novedades y requisitos actualizados. Entre ellos se destacan la ampliación del umbral de exclusión, mayor flexibilidad en la reestructuración de la deuda, reducción del interés de demora, mayor protección frente a la ejecución de la vivienda habitual, mayor transparencia en la información, refuerzo de la protección de los avalistas y mayor agilidad en la tramitación de las solicitudes. Estas medidas buscan brindar una mayor protección a los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad y facilitar la reestructuración de sus deudas.

La indemnización por accidente de tráfico se calcula según el baremo de indemnizaciones establecido por el Gobierno. Se consideran factores como el tipo de lesiones y su duración, así como los gastos médicos y de rehabilitación. La reclamación se realiza a través de la aseguradora del responsable y el tiempo de cobro puede variar según cada caso.

El Código Penal español establece penas de prisión, multa e inhabilitación para los delitos contra el patrimonio histórico. Estos delitos incluyen el derribo o alteración de edificios singulares, la prevaricación de autoridad, los daños a elementos del patrimonio histórico y los daños por imprudencia grave. La protección de estos bienes se garantiza mediante leyes y tratados internacionales.

Las circunstancias agravantes en el Código Penal aumentan la pena correspondiente al delito debido a una mayor peligrosidad del sujeto o una mayor antijuridicidad de su conducta. Estas circunstancias incluyen la ejecución del delito con alevosía, mediante disfraz, abuso de superioridad, aprovechando circunstancias que debiliten la defensa del ofendido, mediante precio, recompensa o promesa, por motivos racistas o discriminatorios, aumentando deliberadamente el sufrimiento de la víctima, obrando con abuso de confianza, prevaliéndose del carácter público o siendo reincidente. Además, el parentesco puede ser considerado tanto atenuante como agravante. Los efectos de las agravantes se regulan en las reglas de determinación de la pena, estableciendo un aumento en la pena en caso de concurrencia de agravantes sin atenuantes.

La profesión habitual en la incapacidad permanente total se refiere a la ocupación que el trabajador desempeñaba antes de la incapacidad. Es un factor clave para determinar el grado de incapacidad, ya que el trabajador queda incapacitado para realizar la mayoría o todas las funciones de su profesión habitual.

Una euroorden es una herramienta legal utilizada en la Unión Europea para facilitar la extradición de personas buscadas por delitos en otro país miembro. En España, los requisitos para emitir una euroorden incluyen la existencia de una orden de detención válida, la gravedad del delito, la doble incriminación, la no aplicación de las reglas de especialidad y ne bis in idem, las garantías procesales, el plazo de prescripción, la nacionalidad y el procedimiento de entrega.

La prueba de cargo en el derecho penal es esencial para dictar una sentencia condenatoria. Su valoración recae en el juez, quien debe evaluar la consistencia y convicción de las pruebas presentadas. La presunción de inocencia es fundamental, pero puede ser enervada con pruebas incriminatorias. Tanto la prueba de cargo como la de descargo deben ser valoradas de manera objetiva y lógica.