España

El delito continuado es la comisión de varios delitos de la misma naturaleza en un mismo período de tiempo, considerados como un único delito. La pena aplicable es la del delito más grave, pero se impone en su mitad superior. Se requiere dolo unitario, pluralidad de hechos, mismo modo de actuación, mismo sujeto activo y tiempo de comisión. Regulado en el artículo 74 del Código Penal, con excepciones en ofensas a bienes personales, excepto libertad sexual y honor.

El error vencible en derecho penal es aquel que podría haber sido evitado por el sujeto, considerando las circunstancias. Si el error es vencible, la infracción se castigará como imprudente y puede afectar la calificación del delito. Si el error es invencible sobre la ilicitud del hecho, se excluye la responsabilidad criminal. En resumen, el error vencible implica que el sujeto pudo haber evitado el delito si hubiera actuado con diligencia.

El ofrecimiento de acciones en derecho penal es un acto procesal que informa a la víctima de un delito sobre su derecho a ejercer acciones penales y civiles. Permite a la víctima participar activamente en el proceso, decidir si continúa con la acusación, perdona al delincuente o renuncia a reclamar indemnización. Es esencial en delitos privados para avanzar en el procedimiento y ejercer los derechos de la víctima.

La imputación objetiva en el derecho penal se basa en criterios como la causalidad, el riesgo permitido, el incremento del riesgo, la garantía de confianza, el principio de confianza y el principio de autorresponsabilidad. Estos criterios permiten atribuir responsabilidad penal a una persona por un delito cometido, siempre y cuando se cumplan los elementos subjetivos del delito.

El principio de proporcionalidad en el Derecho Penal busca garantizar que las sanciones impuestas sean adecuadas y necesarias para proteger los bienes jurídicos valiosos. Este principio se basa en la Constitución Española y tiene rango constitucional, permitiendo su apelación en un recurso de amparo. Además, busca evitar el uso desmedido de las sanciones y establece requisitos tanto para el legislador como para el juez. También tiene implicaciones en la individualización de la pena, asegurando que sea proporcional al delito cometido. En definitiva, es fundamental para garantizar la justicia en el ámbito del Derecho Penal.

El error de tipo y el error de prohibición son dos conceptos clave en el ámbito jurídico. Mientras que el error de tipo se refiere a la falta de conocimiento sobre los elementos del delito, el error de prohibición se relaciona con la falta de conocimiento sobre la ilicitud del hecho. Es importante entender estas diferencias, ya que pueden tener un impacto significativo en la responsabilidad penal y las consecuencias legales.

El error de tipo y el error de prohibición son dos conceptos fundamentales en el Derecho Penal español. Mientras que el error de tipo se refiere a la falta de conocimiento sobre los elementos del delito, el error de prohibición se relaciona con la falta de conocimiento sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal. Es importante distinguir entre ambos, ya que el error de tipo puede excluir la responsabilidad criminal si es invencible, mientras que el error de prohibición puede dar lugar a una pena inferior si es vencible.

La premeditación en el Código Penal español es una circunstancia agravante que requiere reflexión, preparación y evidencia de la intención delictiva del sujeto. Además, debe ser plenamente consciente de las consecuencias de sus actos.

Las medidas de seguridad en derecho penal tienen carácter preventivo y se aplican a sujetos que suponen un peligro. Existen medidas privativas y no privativas de la libertad. Se requiere que el sujeto haya cometido un delito previo y se pueda deducir una peligrosidad futura. El objetivo es prevenir la comisión de delitos y proteger a las víctimas. Se clasifican en privativas y no privativas de la libertad. El sistema penal español es dualista y se rige por principios como la necesidad y la proporcionalidad. Se aplican a personas con anomalías psíquicas, intoxicación plena o alteraciones en la percepción de la realidad. En el caso de extranjeros, se puede acordar la expulsión como medida sustitutiva.

La presunción de inocencia en el Derecho Penal es un principio fundamental en España. Establece que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme dictada tras un juicio justo. Este principio se aplica tanto en el trato al investigado como en la carga de la prueba en el juicio. Para protegerlo, se utiliza el término "investigado" en lugar de "imputado" o "acusado".

El periculum in mora es un concepto del derecho procesal español que se refiere a situaciones judiciales en las que existe un riesgo que requiere una acción rápida. Se utiliza como argumento para fundamentar medidas cautelares en un proceso legal. El periculum in mora se basa en la idea de que si no se toman medidas inmediatas, puede haber situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que se pueda otorgar en una eventual sentencia favorable.

La diligencia de ordenación en Derecho Procesal es una resolución del secretario judicial que busca dar curso al procedimiento según lo establecido por la ley. Implica recibir, revisar y ordenar la documentación presentada por las partes, así como realizar otras diligencias necesarias. Aunque no requiere motivación, las partes pueden impugnar las decisiones del secretario judicial si consideran que se han vulnerado sus derechos.

Las excepciones procesales se dividen en formales y materiales. Las formales se refieren a requisitos procesales incumplidos, como falta de capacidad o representación. Las materiales permiten al demandado presentar hechos que afectan al fondo del asunto. Pueden ser subsanables o insubsanables.

La preterición en herencias es la omisión de mencionar a herederos forzosos en un testamento, ya sea intencional o no. Esto tiene consecuencias legales en la distribución de la herencia, anulando disposiciones patrimoniales. Los descendientes de un heredero preterido representan a este en la herencia y no se consideran preteridos.

Diferencias y concepto de la calificación del suelo en España: comprende el régimen urbanístico y las clases existentes, mientras que la calificación se enfoca en el uso y las posibilidades de edificación del terreno.

El principio de interdicción de la arbitrariedad en los poderes públicos, establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, garantiza que las decisiones de dichos poderes estén fundamentadas, respeten los principios a los que deben someterse y eviten errores o razonamientos inaceptables. De esta manera, se busca prevenir el abuso de poder público.

Un derecho subjetivo es una facultad reconocida por la ley que permite a una persona actuar según sus necesidades e intereses, dentro de los límites del interés general. Puede ser de conducta propia o ajena, relativo o absoluto, y público o privado.

El principio "Pacta sunt servanda" establece que todo acuerdo o contrato debe ser cumplido fielmente por las partes involucradas. En España, este principio está reflejado en el Código Civil y se basa en la confianza y la buena fe entre las partes.

El principio Rebus sic stantibus permite modificar o disolver un contrato cuando las circunstancias cambian de manera significativa. Se aplica tanto en el Derecho consuetudinario francés como en el Derecho internacional, según el Artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. La Corte Internacional de Justicia considera que este principio es aplicable incluso a Estados no partes en la Convención.

La prueba preconstituida es aquella que existe antes del proceso judicial y está a disposición del juez en cualquier momento. Se refiere a pruebas documentales como actas de alcoholemia, elementos del delito recogidos en el lugar de los hechos, autopsias, entre otros. Aunque no está regulada específicamente en la ley, se considera una forma especial de práctica de medios de prueba que se incorporan al juicio. Se diferencia de la prueba anticipada en que se adelanta por motivos como la inminente muerte de un testigo o la imposibilidad de que una persona viaje para testificar.

Una norma jurídica es una prescripción dirigida al comportamiento humano, impuesta por una autoridad y que puede llevar a sanciones en caso de incumplimiento. Tiene una estructura lógico-jurídica, con un supuesto y una consecuencia. Se diferencia de otras reglas por ser heterónoma, bilateral, coercible y externa.

Una cláusula es una disposición que establece los términos y condiciones de un acuerdo en un contrato o documento jurídico. Puede regular aspectos como obligaciones, derechos y responsabilidades, siempre y cuando cumpla con las normas legales. Si una cláusula es ilegal, puede ser anulada, afectando o no al contrato completo. La anulación puede ser por nulidad o anulabilidad, y cualquier perjudicado puede solicitarla.

El derecho de repetición en el seguro según el artículo 1904 permite al asegurador reclamar al asegurado la indemnización pagada a terceros por daños causados de manera dolosa. Se puede ejercer contra el asegurado, conductor y propietario del vehículo. El plazo para ejercer esta acción es de un año desde el pago al perjudicado. En caso de falta de seguro, el Consorcio de Compensación de Seguros indemniza a los afectados y luego reclama al responsable.

La razón social es el nombre legal de una empresa que la identifica de forma exclusiva e inequívoca. Se utiliza tanto para fines administrativos y jurídicos como para asuntos formales y económicos. Es diferente al nombre comercial y debe cumplir con ciertos requisitos para su registro en el Registro Mercantil Central. Además, debe aparecer en la facturación de la empresa junto con otros datos importantes. Es fundamental tener en cuenta estos aspectos para evitar problemas legales y fiscales.

En España, existen diferentes tipos de fusiones de empresas. La fusión pura implica la creación de una nueva entidad con los activos y pasivos de las empresas originales. En la fusión por absorción, una empresa adquiere el patrimonio de otra y asume sus deudas y recursos. En la fusión por aportación parcial del activo, una empresa transfiere sus activos a otra ya existente. Por otro lado, la fusión vertical se da cuando organizaciones de diferentes nichos fusionan sus patrimonios para aumentar su eficacia y productividad. Finalmente, la fusión horizontal ocurre cuando empresas del mismo sector se unen para ganar impulso, desarrollar soluciones y reducir la competencia.

En el ámbito empresarial, existen diferentes tipos de contratos mercantiles en España. Algunos ejemplos son el contrato de compraventa, arrendamiento, transporte, distribución, franquicia, agencia y seguro mercantil. Cada uno tiene sus particularidades y es importante contar con asesoramiento legal para garantizar el cumplimiento de obligaciones y derechos.

La CIRBE recopila información sobre préstamos, créditos, avales y garantías de clientes de entidades financieras. No es un registro de morosos y su objetivo es evaluar el riesgo crediticio. Cualquier persona puede acceder a sus datos de forma gratuita. Las entidades financieras solicitan información a la CIRBE al otorgar préstamos o cuando el cliente es garante. Se emiten informes detallados y agregados. Se puede rectificar o cancelar datos incorrectos a través de la entidad o presentar una reclamación al Banco de España.

Una unidad familiar en España está compuesta por los cónyuges no separados legalmente, los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. También se incluyen los hijos mayores de edad con discapacidad bajo curatela representativa. En caso de no existir matrimonio o separación legal, la unidad familiar está formada por el padre o la madre y todos los hijos que cumplan los requisitos mencionados. La presentación conjunta de la declaración del IRPF puede ser beneficiosa en algunos casos.

El delito de falsedad contable en España requiere de una contabilidad existente, manipulación intencionada de los registros, intención de engañar a terceros, perjuicio económico, dolo, documentación contable que demuestre la falsedad y una denuncia o querella por parte de la persona o entidad perjudicada. Estos elementos son fundamentales para su configuración y persecución penal.

El pleno dominio implica ser legalmente el propietario de una propiedad y tener el derecho de uso y disfrute. La nuda propiedad es ser propietario sin derecho de uso y disfrute, mientras que el usufructo es el derecho de disfrutar de un bien sin ser propietario. Los gastos se reparten en la nuda propiedad y son responsabilidad del propietario en el pleno dominio.

La tercería de dominio y la tercería de mejor derecho son acciones legales que protegen los derechos de terceros en un procedimiento de ejecución. La primera busca proteger la propiedad del tercero sobre un bien embargado, mientras que la segunda busca proteger su derecho de cobro preferente sobre el crédito del ejecutante. Ambas acciones tienen requisitos y plazos específicos para interponerlas y se tramitan mediante el juicio verbal.

"El plazo para reclamar vicios ocultos en España es de seis meses desde la entrega del producto. Conoce más sobre la acción redhibitoria y cómo proteger tus derechos como consumidor."