España

En Andalucía, encontrar suelos industriales es posible en varias zonas estratégicas. Sevilla, Málaga, Cádiz, Almería, Granada y Córdoba son algunas de las provincias con áreas industriales que ofrecen terrenos disponibles para empresas. La ubicación, características del suelo y servicios disponibles son aspectos a considerar al buscar suelos industriales en Andalucía.

En Barcelona, hay varios despachos de abogados laboralistas especializados en la defensa de los derechos de los trabajadores. Ofrecen asesoramiento legal y representación en casos de vulneración de derechos laborales, como despidos, reclamaciones salariales y acoso laboral. Es importante investigar y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión, considerando la experiencia, reputación y cercanía geográfica del despacho.

El régimen de visitas en caso de divorcio se establece en base al interés superior del menor. Puede ser acordado entre los padres o determinado por el Juez en caso de desacuerdo. Se establecen tiempos, modos y lugares para que el progenitor no custodio pueda visitar y comunicarse con los hijos. En casos especiales, se pueden adaptar los regímenes de visitas. Los abuelos también pueden solicitar un régimen de visitas y los hermanos tienen derecho a relacionarse. En caso de incumplimiento, se pueden tomar medidas legales. Es recomendable contar con un abogado especializado en derecho de familia.

La transgresión de la buena fe contractual en España se refiere a la incorrección o incoherencia en la conducta de una de las partes de un contrato, lo cual implica la vulneración de su naturaleza y usos. En el ámbito laboral, esta transgresión puede ser motivo de despido disciplinario, pero deben cumplirse ciertas condiciones. La buena fe contractual se menciona en varias normas, aunque actúa como un principio general del derecho. Se distingue entre la buena fe objetiva y subjetiva, y en el caso de los contratos de trabajo, se hace referencia a ambas. Para calificar como transgresión de la buena fe contractual, se deben considerar la categoría profesional, situación y comportamiento de la empresa. Los supuestos de transgresión incluyen el abandono del puesto de trabajo, abuso de confianza, apropiaciones, coacciones al empresario, entre otros. En todo caso, será el empresario quien deba demostrar la existencia de tales supuestos para justificar un despido disciplinario.

La concurrencia competitiva en subvenciones es un procedimiento utilizado para seleccionar a los beneficiarios entre varios solicitantes, basándose en criterios valorativos establecidos en las bases reguladoras. Es importante cumplir con los criterios y considerar la ubicación, originalidad, presentación y coherencia del proyecto para aumentar las posibilidades de éxito. También se pueden utilizar estrategias para salvaguardar el proyecto.

Una declaración amistosa de accidente es un formulario para aseguradoras que agiliza trámites y resolución de siniestros. Se deben completar datos generales del accidente, conductores, vehículos, croquis, heridos y daños. La firma no implica responsabilidad. Se recomienda calma, lugar seguro, caligrafía legible y llevar bolígrafos. Fuera de España, se usa el mismo formulario o la Carta Verde. Si se niega la firma, llamar a la policía. Existe una app llamada Declaración iDEA para presentar el parte de forma telemática.

La doctrina del Tribunal Supremo establece que la fuerza mayor extraña a la conducción exonera al conductor de toda responsabilidad civil en los accidentes de tráfico. Esta fuerza mayor debe ser externa y ajena tanto a la conducción como al funcionamiento del vehículo. Es importante contar con el asesoramiento de un abogado especializado en accidentes de tráfico para analizar cada caso y determinar si se trata de fuerza mayor o caso fortuito.

El delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas busca garantizar la legalidad y transparencia en estos procesos. Incluye la manipulación fraudulenta de precios, ofertas falsas, revelación de información privilegiada y uso de identidades falsas. Las penas pueden llegar hasta seis años de prisión y multas económicas, además de posibles consecuencias civiles. El objetivo es asegurar la competencia y transparencia en estos procesos.

El trámite de audiencia en un procedimiento administrativo garantiza el derecho de defensa y el principio de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído. Se debe realizar antes de redactar la propuesta de resolución y el plazo no puede ser inferior a diez días ni superior a quince días. El interesado puede examinar el expediente y presentar alegaciones, y es fundamental que la Administración cumpla con su obligación de ofrecer la audiencia y que el interesado haga uso de este derecho para presentar sus argumentos.

La avocación en Derecho Administrativo permite a los órganos superiores asumir el conocimiento de un asunto que corresponde a sus órganos dependientes. Puede ser propia o impropia, y debe ser acordada mediante acuerdo motivado. No cabe recurso contra el acuerdo de avocación, pero se puede impugnar en el recurso contra la resolución del procedimiento.

El Capítulo II del Código Civil en España aborda el derecho de accesión, dentro del Título III del Libro II, titulado "De la accesión".

La fuerza mayor en el Derecho Civil Español es un hecho imprevisible e inevitable que libera a las partes de un contrato de sus obligaciones. Se diferencia del caso fortuito y abarca eventos como desastres naturales, guerras y actos de autoridad. El Código Civil establece que nadie será responsable por sucesos no previstos o inevitables. En Panamá, se refiere a situaciones producidas por hechos del hombre, mientras que el caso fortuito se refiere a eventos naturales no previstos.

Las arras confirmatorias en contratos de compraventa confirman el compromiso de las partes. No están reguladas en el Código Civil y su incumplimiento puede dar lugar a exigir el cumplimiento o una indemnización por daños. Difieren de las arras penales y penitenciales.

El nexo causal en derecho civil es la relación de causalidad entre una acción y el daño producido, siendo fundamental para determinar la responsabilidad y la indemnización en casos de responsabilidad civil. Se requieren pruebas adecuadas y existen diferentes teorías para determinar la causa de un daño.

La regulación de alimentos entre parientes en el Código Civil establece la obligación de proporcionar alimentos a aquellos que no pueden subsistir por sí mismos. Esta obligación se basa en la solidaridad familiar y se aplica a ascendientes y descendientes. Los alimentos deben ser proporcionados en proporción a las necesidades del beneficiario y a las posibilidades económicas del obligado. En caso de incumplimiento, la obligación puede ser reclamada judicialmente.

Las diligencias preliminares en el proceso civil son un trámite preparatorio en el que se solicita el auxilio de los órganos judiciales para obtener información necesaria para un litigio futuro. Se regulan en el artículo 256 de la LEC y deben cumplir requisitos específicos. La competencia judicial varía según el caso. Es importante evaluar si es más conveniente solicitar la documentación a través de las diligencias preliminares o en un procedimiento declarativo ordinario.

La diferencia entre una condición suspensiva y una condición resolutoria radica en su efecto en un contrato. Una condición suspensiva impide que el contrato entre en vigor hasta que se cumpla la condición, mientras que una condición resolutoria permite que el contrato esté en vigor y se resuelva si se cumple la condición.

Las categorías de ineficacia contractual en España son la nulidad y la anulabilidad. La nulidad se da cuando un contrato carece de elementos esenciales o va en contra de la normativa. La anulabilidad ocurre cuando un contrato cumple requisitos pero tiene vicios que lo invalidan. La nulidad puede ser absoluta o relativa y la anulabilidad tiene un plazo de caducidad de 4 años.

El curador en el derecho español es una persona encargada de cuidar, curar o administrar algo. También puede ser designado por un tribunal para complementar la capacidad de personas con limitaciones.

Diferencia entre arrendador y arrendatario en España: el arrendador es el propietario del inmueble que lo alquila, mientras que el arrendatario es quien lo alquila y debe cumplir con ciertas obligaciones contractuales.

La doctrina en el derecho español se refiere a un conjunto de ideas, opiniones o creencias sostenidas por una persona o grupo. También puede ser la norma científica en un campo o el conjunto de sentencias de los tribunales en el ámbito legal.

El síndrome de alienación parental (SAP) es un desorden en el que un niño denigra e insulta a uno de sus progenitores sin justificación. Aunque carece de consenso científico, el SAP cuenta con apoyo de grupos de padres y profesionales en casos de divorcio conflictivos. Sin embargo, no es reconocido como argumento de prueba en los juzgados de familia.

Los linderos son los límites horizontales de una propiedad inmobiliaria, que definen el alcance de las facultades del propietario. El deslinde y amojonamiento son acciones para fijar y marcar físicamente los límites. Se basan en títulos, posesión y distribución equitativa en caso de indeterminación.

La ajenidad en una relación laboral implica que el trabajador no asume los riesgos ni los beneficios de su trabajo, sino que trabaja por cuenta ajena y es remunerado por su contribución al proceso productivo, a cargo del empleador.

Diferencia entre sociedad de gananciales y régimen de gananciales: en el primero se hacen comunes las ganancias durante el matrimonio, mientras que en el segundo todos los bienes adquiridos son propiedad común. Al disolverse, se dividen por igual entre ambos cónyuges.

El abuso de confianza como agravante genérica en el derecho penal requiere una relación de confianza entre el delincuente y la víctima, el aprovechamiento de esta confianza para cometer un acto indebido, la disposición o apropiación indebida de un bien confiado y la causación de un daño o perjuicio a la víctima. Estos requisitos pueden variar según la legislación de cada país, pero buscan proteger los intereses de quienes depositan su confianza en otros.

La diferencia entre imputado, investigado, denunciado y acusado en un procedimiento penal radica en su estatus legal y procesal. El imputado es aquel sobre el que recaen indicios de un delito y tiene derecho a la defensa. El investigado está siendo objeto de investigación, pero no ha sido formalmente acusado. El denunciado ha sido objeto de una denuncia, pero no se le ha atribuido oficialmente el delito. El acusado ha sido formalmente acusado y tiene derecho a la defensa.

El ensañamiento en el derecho penal español se refiere a aumentar deliberada e inhumanamente el dolor o sufrimiento de la víctima, causando padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Se requieren elementos objetivos y subjetivos para que se considere ensañamiento, incluyendo la causación de males innecesarios y el deseo consciente de aumentar el sufrimiento de la víctima.

El sobreseimiento en el derecho penal español es una resolución judicial que suspende un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia. Puede ser definitivo o temporal, total o parcial, y está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No provoca el efecto de cosa juzgada y el proceso puede ser reabierto si se trata de una circunstancia subsanable. La parte que haya ocasionado el sobreseimiento puede ser condenada en costas.

El animus necandi es el dolo de matar, es decir, el conocimiento de que una acción puede causar la muerte de otra persona y la voluntad de realizar dicha acción. Es un elemento subjetivo de los delitos contra la vida y se diferencia del animus laedendi, que es el dolo de lesionar. La determinación del animus necandi y el animus laedendi es importante en casos en los que se debe determinar si una conducta constituye un delito consumado de lesiones o un delito de homicidio en grado de tentativa.

El concurso ideal de delitos ocurre cuando una misma acción comete varios delitos, mientras que el concurso real se da cuando varias acciones conectadas resultan en distintos delitos. En el concurso ideal, se aplica la pena del delito más grave en su mitad superior, sin superar la suma de las penas individuales. Sin embargo, en el caso de los atentados con explosivos, se plantea una problemática especial en la determinación del tipo de concurso de delitos.

El concurso real de delitos se produce cuando varias acciones dan como resultado la comisión de varios delitos, ya sea del mismo tipo penal o de tipos diferentes. Las penas por cada uno de los delitos se acumulan y se cumplen de forma simultánea o sucesiva, dependiendo de la gravedad de cada pena. Existen límites máximos de cumplimiento de las penas, pero también hay excepciones en casos específicos.