España

Las infracciones tributarias en España pueden ser leves, graves o muy graves, y están tipificadas y sancionadas por una norma con rango de ley. Además de multas, las sanciones pueden incluir la pérdida de subvenciones, prohibición de contratar con la Administración y suspensión de profesiones oficiales. Para afrontar un expediente sancionador, es recomendable buscar asesoramiento y estudiar la jurisprudencia.

Requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad como autónomo: estar afiliado y en alta en la Seguridad Social, tener un período mínimo de cotización, estar en situación legal de cese de actividad, solicitar la baja correspondiente, suscribir el compromiso de actividad, no haber alcanzado la edad de jubilación, estar al corriente en el pago de las cuotas y no tener incompatibilidades. La solicitud debe presentarse dentro del plazo establecido y la duración y cuantía de la prestación dependen de los meses cotizados y la base reguladora.

La ejecución provisional de sentencias en España se puede solicitar por demanda o simple solicitud, y se lleva a cabo por el tribunal competente para la primera instancia. Las partes tienen los mismos derechos y facultades procesales que en la ejecución ordinaria. Sin embargo, existen limitaciones para la ejecución provisional en ciertos tipos de sentencias. Además, se establecen requisitos y causas para la oposición a la ejecución provisional, y se establecen consecuencias en caso de revocación total o parcial de la sentencia provisionalmente ejecutada.

El juicio cambiario en España requiere un título cambiario válido, impago del título, requerimiento de pago, plazo de diez días para el pago, embargo de bienes en caso de impago, oposición a la demanda, celebración de un acto de juicio y dictado de sentencia. Es importante contar con los documentos necesarios y seguir el procedimiento establecido para resolver el conflicto.

La indemnización por despido se calcula según el tipo de despido, la antigüedad del trabajador y su salario. En caso de despido improcedente, la indemnización es de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. En despido nulo, se puede solicitar la readmisión y la indemnización se calcula igual. En despido objetivo, la indemnización es de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

El procedimiento del deslinde administrativo en España implica presentar una solicitud, realizar actuaciones para determinar los límites del terreno, emitir una resolución por parte de la autoridad competente, notificar a los propietarios afectados, resolver alegaciones o recursos, materializar el deslinde y colocar los mojones correspondientes. Es importante consultar la normativa específica de cada comunidad autónoma para conocer los detalles y requisitos del procedimiento.

La prelación de créditos en un concurso de acreedores establece el orden de pago de las deudas pendientes. Los primeros en cobrar son los créditos contra la masa, seguidos de los créditos concursales privilegiados, ordinarios y subordinados. Los últimos en cobrar son los créditos subordinados, según la Ley Concursal.

La acumulación de acciones en el orden civil permite resolver varias solicitudes en un mismo proceso. Puede ser objetiva, cuando se presentan varias demandas contra un mismo demandado, o subjetiva, cuando hay más de una parte involucrada. El objetivo es evitar sentencias contradictorias y favorecer la economía de procesos, aunque existen excepciones en casos específicos.

Una ampliación de capital es el proceso mediante el cual una empresa aumenta su capital social emitiendo nuevas acciones o aumentando el valor nominal de las acciones existentes. Esto se hace para obtener fondos adicionales y puede tener un efecto dilutivo en el valor de las acciones existentes. Los accionistas antiguos tienen derecho de suscripción preferente y la valoración de la empresa puede medirse utilizando los conceptos de valoración pre-money y valoración post-money.

El capital social es el importe o valor de los bienes que los socios ceden a una sociedad sin derecho de devolución. Se utiliza para desarrollar los negocios y representa los derechos de los socios según su participación. Además, cumple una función de garantía frente a terceros y debe ser devuelto en algún momento.

Una familia monoparental es aquella en la que un solo progenitor se encarga de la crianza y cuidado de los hijos. Puede darse por separación, divorcio, viudez o decisión de ser padre/madre soltero/a. El progenitor único asume todas las responsabilidades y tareas relacionadas con la crianza, tanto económicas como emocionales. Puede ser madre soltera, padre soltero, madre viuda, padre viudo, entre otras estructuras.

El derecho de suscripción preferente en ampliaciones de capital permite a los accionistas mantener su participación y evitar la dilución de valor de sus inversiones. Pueden acudir a la ampliación o vender sus derechos en el mercado. Además, les permite adquirir acciones a un precio fijo antes de que coticen en el mercado, atractivo para antiguos y nuevos inversores.

El contador partidor es la persona encargada de realizar la partición de una herencia, distribuyendo los bienes de manera equitativa entre los herederos. Su labor se rige por el principio de buena fe y debe ceñirse a lo establecido en el Código Civil. Si no cumple en el plazo establecido, el cargo se extingue.

En España, existen diferentes tipos de bienes inembargables protegidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se dividen en bienes absolutamente inembargables y bienes inembargables del ejecutado. Es importante conocer estos derechos y reclamar la nulidad del embargo en caso de ser embargado un bien inembargable.

Una Comunidad de Regantes es una agrupación de propietarios de una zona regable que se unen por Ley para administrar las aguas públicas. Sus funciones incluyen la gestión del agua, el mantenimiento de las infraestructuras de riego y la resolución de conflictos entre usuarios.

El fondo de reserva en una comunidad de propietarios es una cantidad de dinero destinada a cubrir gastos urgentes o extraordinarios. Debe ser constituido por todos los propietarios y su cuantía mínima es del 10% del último presupuesto ordinario. Se utiliza para obras de conservación, reparación y mejoras en el edificio, siempre y cuando no excedan de 12 mensualidades de gastos comunes. No puede ser utilizado para mejoras no necesarias y la comunidad puede contratar un seguro o contrato de mantenimiento con cargo a este fondo.

El poder notarial es un documento público que permite designar a un representante para actuar en nombre de otra persona o empresa en actos jurídicos. Puede revocarse en cualquier momento y se puede enviar de forma telemática con firma electrónica reconocida. Los poderes notariales españoles tienen reconocimiento internacional a través de la Apostilla de la Haya.

Para ser letrado de la Administración de Justicia en España, es necesario ser funcionario público y pertenecer al Cuerpo Superior Jurídico. Se deben cumplir requisitos y condiciones establecidos en la convocatoria, superar procesos selectivos y ser nombrado por la Ministra de Justicia. La pérdida de la condición de letrado puede ocurrir por renuncia voluntaria, pérdida de nacionalidad, sanción disciplinaria, inhabilitación, jubilación o condena a pena de privativa de libertad. La ordenación del cuerpo se realiza a través de órganos superiores y se constituye un Consejo del Secretariado para la participación democrática del colectivo.

Una sociedad mercantil es una forma de organización empresarial en la que dos o más personas se unen para llevar a cabo una actividad económica con el objetivo de obtener beneficios. Se caracterizan por tener un capital social dividido en acciones o participaciones y se rigen por el derecho mercantil. Existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, cada una con sus propias características y requisitos legales.

Una declaración paralela es una propuesta de liquidación realizada por la Agencia Tributaria en base a sus propios cálculos y estimaciones, en caso de que considere que los datos declarados por el contribuyente no son correctos o incompletos. El contribuyente tiene la posibilidad de presentar alegaciones y documentos para justificar su disconformidad, y posteriormente puede recurrir administrativa o judicialmente en caso de no obtener una resolución favorable.

La cesión de derechos de autor en España: Guía completa sobre cómo transferir los derechos económicos y morales de una obra a otra persona o entidad, en contratos de edición, producción audiovisual, licencias, entre otros. La cesión debe ser por escrito y puede incluir condiciones y limitaciones específicas. No implica la transferencia de la autoría en sí misma.

La responsabilidad civil patronal protege a las empresas y empresarios frente a reclamaciones de daños personales de sus trabajadores en accidentes laborales. Cubre indemnizaciones por daños físicos y protege a personas con personal a su cargo. No incluye daños en bienes materiales ni cubre bajas laborales. Es recomendable contratar esta póliza para estar cubierto en caso de responsabilidad atribuible al empresario.

La ultraactividad de los convenios colectivos regula las relaciones laborales cuando un convenio pierde su vigencia. Si no se llega a un nuevo acuerdo en un año, se aplica un convenio colectivo de ámbito superior. Durante este periodo, los acuerdos de empresa son necesarios para regular aspectos no contemplados por el convenio superior.

La Ley 19/1991 regula el Impuesto sobre el Patrimonio en España, estableciendo normas, cálculos y obligaciones para los contribuyentes. Las comunidades autónomas pueden realizar modificaciones y establecer bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto.

El daño emergente se refiere al perjuicio ocasionado por la pérdida o deterioro de bienes o derechos. Para reclamarlo, se deben cumplir requisitos como la existencia de un hecho causante y la prueba del daño ocasionado. El cálculo se realiza a través de un informe pericial, y la reclamación se puede hacer de forma extrajudicial o judicial. La indemnización debe cubrir la reparación total del daño.

El delito de riña tumultuaria en España se castiga con prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Se requiere una pelea tumultuaria entre varias personas, utilizando medios peligrosos que pongan en peligro la vida o integridad física. Todos los participantes son considerados autores del delito si están en un grupo que usa medios peligrosos. Se diferencia de las lesiones, ya que la riña tumultuaria es un delito de actividad y peligro, mientras que las lesiones son un delito de resultado. Si hay lesiones, el delito de lesiones puede absorber al de riña tumultuaria.

El delito de revelación de secretos en España consiste en divulgar información confidencial sin consentimiento, vulnerando la intimidad de otra persona. Se castiga con penas de prisión y multa, y existen diferentes tipos y agravantes. También se contempla el acceso ilegal a sistemas de información, la facilitación de medios para cometerlo y la revelación de secretos de personas jurídicas. La persecución requiere denuncia previa, con excepciones en casos específicos. El perdón del ofendido puede extinguir la acción penal, excepto en casos que afecten a menores o personas con discapacidad.

Una baja voluntaria es cuando un empleado decide rescindir su contrato laboral y dejar de trabajar en una empresa. Se requiere un preaviso de al menos quince días naturales, y la empresa debe pagar un finiquito que incluye sueldo proporcional, pagas extras y vacaciones no disfrutadas. Sin embargo, el empleado no tiene derecho a solicitar prestaciones por desempleo. La baja voluntaria es reversible durante el periodo de preaviso, pero después de ese tiempo, solo puede volver a la empresa si esta lo acepta y se firma un nuevo contrato.

El Certificado Energético tiene un coste que puede variar entre 100 y 300 euros, dependiendo del tamaño y ubicación del edificio, así como de la empresa o profesional encargado de realizar la certificación. Para solicitarlo, es necesario contactar a un técnico competente en certificación energética, quien realizará una visita al edificio para recopilar información y calcular su eficiencia energética. Una vez elaborado, el certificado debe ser registrado en el organismo competente de cada comunidad autónoma, como el ICAEN en Cataluña. Tiene una validez de 10 años y debe ser entregado al propietario del edificio.

La duración del contrato de arrendamiento de un local comercial en España es flexible y se acuerda entre las partes. Si no se especifica, se considera que el contrato tiene una duración de un año. No hay un plazo mínimo establecido por ley y el tiempo de alquiler depende del acuerdo entre el propietario y el arrendatario. El contrato debe incluir información de ambas partes, datos del local, cuota de alquiler, forma de actualización de la renta, fianza, actividad del local, conservación del inmueble, impuestos y gastos, reparaciones y cláusulas de finalización. El contrato puede terminar al finalizar el plazo acordado o antes en casos de impago, cesión sin consentimiento, daños en la propiedad, falta de pago de la fianza o actividades molestas o peligrosas.

La orden de demolición en casos de infracciones urbanísticas puede ser incoada hasta 4 años después de finalizada la obra a nivel estatal, y hasta 8 años en algunas Comunidades Autónomas. Esta orden se aplica a construcciones ilegales en suelos no urbanizables, zonas protegidas o sin licencia. Los nuevos propietarios no están exentos de cumplirla. En caso de anulación del título habilitante, la responsabilidad recae en la Administración. Es crucial contar con un abogado especializado para presentar los recursos necesarios.

La sustracción de menores es un delito grave con consecuencias negativas para el menor y los progenitores. Es importante actuar rápidamente denunciando el caso, obteniendo asesoramiento legal, solicitando medidas cautelares, cooperando con las autoridades y buscando apoyo psicológico.