Malversacion
Exploraremos en detalle el delito de malversación en España. Analizaremos su definición, los diferentes tipos de malversación y las penas correspondientes. Además, también abordaremos la responsabilidad de las personas jurídicas en casos de malversación.
Índice de Contenido
¿Qué es la malversación?
La malversación es un delito contra la Administración Pública en el cual un funcionario o autoridad se apropia de dinero público de manera indebida o lo administra de forma desleal. Este delito está regulado en el Código Penal español y tiene graves consecuencias legales para los responsables.
Tipos de malversación
Malversación propia
En la malversación propia, el perjuicio patrimonial es causado por un funcionario público o autoridad con competencia para administrar el patrimonio público. Dentro de esta categoría, se pueden distinguir dos subtipos:
Malversación apropiativa
En este subtipo de malversación propia, el sujeto se apropia del patrimonio público para beneficio propio. Esto implica que el funcionario o autoridad utiliza los fondos públicos de manera indebida, desviándolos para su beneficio personal.
Malversación de uso
En este subtipo de malversación propia, el sujeto desvía el patrimonio público para un uso diferente al destino original. Esto implica que el funcionario o autoridad utiliza los fondos públicos para fines distintos a los establecidos legalmente, sin el consentimiento o autorización correspondiente.
Malversación impropia
En la malversación impropia, el delito es cometido por particulares que no cumplen un rol de funcionario o autoridad, pero que ostentan la responsabilidad de fondos o rentas de la Administración Pública. Esto incluye a aquellos que son depositarios de fondos públicos o caudales depositarios con una designación legal, o tienen la función de ser depositarios de bienes o dinero embargados, secuestrados o depositados por autoridades públicas.
Penas por malversación
Las penas por malversación varían según la gravedad de los hechos y los importes malversados. A continuación, se detallan las penas establecidas en el Código Penal español:
Malversación propia
En el caso de la malversación propia, las penas previstas son las siguientes:
- Prisión de 2 a 6 años.
- Inhabilitación de 6 a 10 años para el ejercicio de un cargo o empleo público, así como para el derecho de sufragio pasivo.
Malversación propia agravada
En el caso de la malversación propia agravada, las penas son las siguientes:
- Prisión de 4 a 8 años.
- Inhabilitación absoluta de 10 a 20 años.
- La pena puede ser aumentada si el perjuicio supera los 250.000 euros.
Malversación impropia
En el caso de la malversación impropia, las penas son las siguientes:
- Prisión de 1 a 2 años.
- Multa de 3 meses y un día a 12 meses.
- Inhabilitación especial para ocupar un cargo o empleo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo de 1 a 5 años.
Agravantes en la malversación impropia
Estas penas pueden ser aumentadas si el perjuicio supera los 4.000 euros.
Responsabilidad de las personas jurídicas
Desde la entrada en vigor de la LO 1/2019, las personas jurídicas también pueden ser responsables por delitos de malversación cometidos en su seno. Las penas para las personas jurídicas están asociadas a las penas de la persona física que haya cometido el delito. Estas penas pueden incluir:
- Multas.
- Disolución de la personalidad jurídica.
- Suspensión de actividades.
- Clausura de locales.
- Prohibición de actividades.
- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.
- Intervención judicial.
Conclusión
La malversación es un delito grave que implica la apropiación o administración desleal de dinero público por parte de funcionarios o autoridades. Existen diferentes tipos de malversación, como la malversación propia y la malversación impropia, y las penas varían según la gravedad de los hechos y los importes malversados. Además, las personas jurídicas también pueden ser responsables por delitos de malversación cometidos en su seno. Es fundamental que se apliquen las sanciones correspondientes para garantizar la integridad de los fondos públicos y la confianza en las instituciones.
Preguntas Frecuentes|FAQ
1. ¿Cuál es la definición de malversación en España?
La malversación es un delito contra la Administración Pública en el cual un funcionario o autoridad se apropia de dinero público de manera indebida o lo administra de forma desleal. Este delito está regulado en el Código Penal español y tiene graves consecuencias legales para los responsables.
2. ¿Cuáles son los tipos de malversación que existen?
Existen dos tipos principales de malversación: la malversación propia y la malversación impropia. En la malversación propia, el perjuicio patrimonial es causado por un funcionario público o autoridad con competencia para administrar el patrimonio público. Dentro de esta categoría se pueden distinguir dos subtipos: la malversación apropiativa, en la cual el sujeto se apropia del patrimonio público para beneficio propio, y la malversación de uso, en la cual el sujeto desvía el patrimonio público para un uso diferente al destino original. En la malversación impropia, el delito es cometido por particulares que no cumplen un rol de funcionario o autoridad, pero que ostentan la responsabilidad de fondos o rentas de la Administración Pública.
3. ¿Cuáles son las penas por malversación propia?
En el caso de la malversación propia, las penas previstas son de prisión de 2 a 6 años y una inhabilitación de 6 a 10 años para el ejercicio de un cargo o empleo público, así como para el derecho de sufragio pasivo. En el caso de la malversación propia agravada, las penas son de prisión de 4 a 8 años, inhabilitación absoluta de 10 a 20 años y la pena puede ser aumentada si el perjuicio supera los 250.000 euros.
4. ¿Cuáles son las penas por malversación impropia?
En el caso de la malversación impropia, las penas son de prisión de 1 a 2 años, multa de 3 meses y un día a 12 meses, e inhabilitación especial para ocupar un cargo o empleo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo de 1 a 5 años. Estas penas pueden ser aumentadas si el perjuicio supera los 4.000 euros.
5. ¿Qué responsabilidad tienen las personas jurídicas en casos de malversación?
Desde la entrada en vigor de la LO 1/2019, las personas jurídicas también pueden ser responsables por delitos de malversación cometidos en su seno. Las penas para las personas jurídicas están asociadas a las penas de la persona física que haya cometido el delito, y pueden incluir multas, disolución de la personalidad jurídica, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de actividades, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, e intervención judicial. Es fundamental que se apliquen las sanciones correspondientes para garantizar la integridad de los fondos públicos y la confianza en las instituciones.
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