Ley Procedimiento Administrativo Comun
En esta guía, se proporcionará una visión general de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en España. Esta ley tiene como objetivo regular las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos en el ejercicio de la potestad de autotutela y la potestad reglamentaria. A lo largo de este artículo, se analizarán los diferentes títulos y disposiciones de la ley, así como los derechos y procedimientos que establece.
Índice de Contenido
- Título Preliminar
- Título I: Derechos y garantías de los ciudadanos en el procedimiento administrativo
- Título II: Actividad de las Administraciones Públicas
- Título III: Actos administrativos
- Título IV: Procedimientos administrativos
- Título V: Revisión de los actos administrativos
- Título VI: Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
- Título VII: Colaboración entre las Administraciones Públicas
- Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales
- Conclusión
-
Preguntas Frecuentes|FAQ
- 1. ¿Cuál es el objetivo de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común?
- 2. ¿A quién se aplica la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común?
- 3. ¿Qué es el registro electrónico de apoderamientos?
- 4. ¿Cuáles son los derechos y garantías de los ciudadanos en el procedimiento administrativo?
- 5. ¿Cuáles son los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos?
- 6. ¿Qué es el recurso de alzada?
- 7. ¿Cómo se reclaman indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas?
Título Preliminar
Ámbito de aplicación
El ámbito objetivo de la Ley 39/2015 se aplica a todas las Administraciones Públicas y a los sujetos del Sector Público. Esto incluye a los organismos públicos, entidades de derecho público y cualquier otra entidad que ejerza potestades administrativas.
Trámites adicionales
La ley establece que solo mediante ley se pueden establecer trámites adicionales o distintos a los contemplados en la ley. Esto garantiza la uniformidad y la igualdad de trato en los procedimientos administrativos.
Registro electrónico de apoderamientos
La Ley 39/2015 prevé la creación de un registro electrónico de apoderamientos, que permitirá a los ciudadanos otorgar poderes a terceros para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. Este registro facilitará la tramitación de los procedimientos administrativos.
Título I: Derechos y garantías de los ciudadanos en el procedimiento administrativo
Capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo
En este apartado se establecen las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del Derecho administrativo. Se establece que los ciudadanos tienen capacidad para obrar en los procedimientos administrativos, salvo las limitaciones establecidas por ley.
Baremo Accidentes TraficoMedios de representación
La ley regula los medios de representación en los procedimientos administrativos. Se establecen los requisitos y procedimientos para actuar en representación de otra persona, ya sea mediante poder notarial, apoderamiento apud acta o cualquier otro medio admitido en derecho.
Identificación y firma electrónica
La Ley 39/2015 establece los requisitos para la identificación y firma electrónica en los procedimientos administrativos. Se promueve el uso de medios electrónicos para garantizar la seguridad y la autenticidad de las comunicaciones y los documentos.
Título II: Actividad de las Administraciones Públicas
Relación electrónica con las Administraciones Públicas
En este apartado se establece la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Se promueve el uso de medios electrónicos para agilizar y simplificar los trámites administrativos.
Registro electrónico general
La Ley 39/2015 crea un registro electrónico general, que permitirá la presentación de documentos y la realización de trámites de forma electrónica. Este registro facilitará la tramitación de los procedimientos administrativos y garantizará la seguridad y la integridad de los documentos.
Presentación de documentos electrónicos
La ley establece los requisitos y procedimientos para la presentación de documentos electrónicos. Se promueve el uso de medios electrónicos para garantizar la agilidad y la eficiencia en la tramitación de los procedimientos administrativos.
Título III: Actos administrativos
Requisitos para la adopción de actos administrativos
En este apartado se establecen los requisitos para la adopción de actos administrativos. Se establece que los actos administrativos deben ser motivados, proporcionados y ajustados a derecho.
Notificación y publicación de los actos administrativos
La ley regula los procedimientos de notificación y publicación de los actos administrativos. Se establecen los plazos y las formas de notificación, así como los medios de publicación para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica.
Plazos para la resolución de los procedimientos administrativos
La Ley 39/2015 establece los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos. Se establece que los procedimientos deben resolverse en un plazo máximo, garantizando así la agilidad y la eficiencia en la tramitación administrativa.
Silencio administrativo
La ley regula el silencio administrativo, estableciendo los efectos que tiene la falta de resolución expresa en los procedimientos administrativos. Se establece que, en caso de silencio administrativo, se considera desestimada la solicitud o recurso presentado.
Título IV: Procedimientos administrativos
Fases y trámites de los procedimientos administrativos
En este apartado se establecen las fases y trámites que deben seguirse en los procedimientos administrativos. Se establece la obligación de resolver expresamente los procedimientos y se regula la posibilidad de realizar actuaciones previas al inicio del procedimiento.
Recurso de alzada
La ley regula el recurso de alzada, que permite a los interesados impugnar los actos administrativos ante el órgano jerárquicamente superior. Se establecen los requisitos y plazos para interponer el recurso de alzada.
Recurso extraordinario de revisión
La Ley 39/2015 regula el recurso extraordinario de revisión, que permite a los interesados solicitar la revisión de actos firmes cuando se den determinadas circunstancias. Se establecen los requisitos y plazos para interponer el recurso extraordinario de revisión.
Título V: Revisión de los actos administrativos
Procedimientos de revisión
En este apartado se establecen los procedimientos de revisión de los actos administrativos. Se establecen los requisitos y plazos para solicitar la revisión de los actos administrativos, ya sea por vía administrativa o judicial.
Recursos que pueden interponerse
La ley regula los recursos que pueden interponerse contra los actos administrativos. Se establecen los requisitos y plazos para interponer los recursos de reposición, de revisión y de alzada, así como los recursos judiciales.
Título VI: Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Requisitos para reclamar indemnizaciones
En este apartado se establecen los requisitos para reclamar indemnizaciones por daños causados por la actuación de la Administración. Se establece que los daños deben ser efectivos, evaluable económicamente e individualizados.
Procedimientos para reclamar indemnizaciones
La ley regula los procedimientos para reclamar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Se establecen los requisitos y plazos para presentar la reclamación, así como los procedimientos de resolución y pago de las indemnizaciones.
Título VII: Colaboración entre las Administraciones Públicas
Mecanismos de cooperación y coordinación
En este apartado se establecen los mecanismos de cooperación y coordinación entre las Administraciones Públicas. Se promueve la colaboración entre las diferentes Administraciones para garantizar la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos.
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales
La Ley 39/2015 también establece disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, que regulan aspectos específicos y la entrada en vigor de la ley. Estas disposiciones complementan y aclaran los diferentes aspectos de la ley.
Conclusión
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común regula las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos en el ejercicio de la potestad de autotutela y la potestad reglamentaria. Establece los derechos y garantías mínimas de los ciudadanos, los procedimientos administrativos que deben seguirse y los requisitos para la identificación y firma electrónica. También regula los actos administrativos, los procedimientos de revisión y los recursos que pueden interponerse, así como la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Preguntas Frecuentes|FAQ
1. ¿Cuál es el objetivo de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común?
El objetivo de esta ley es regular las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos en el ejercicio de la potestad de autotutela y la potestad reglamentaria.
2. ¿A quién se aplica la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común?
Esta ley se aplica a todas las Administraciones Públicas y a los sujetos del Sector Público, incluyendo organismos públicos, entidades de derecho público y cualquier otra entidad que ejerza potestades administrativas.
3. ¿Qué es el registro electrónico de apoderamientos?
La Ley 39/2015 prevé la creación de un registro electrónico de apoderamientos, que permite a los ciudadanos otorgar poderes a terceros para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas.
4. ¿Cuáles son los derechos y garantías de los ciudadanos en el procedimiento administrativo?
Los ciudadanos tienen capacidad para obrar en los procedimientos administrativos, salvo las limitaciones establecidas por ley. Además, se regulan los medios de representación y se establecen requisitos para la identificación y firma electrónica.
5. ¿Cuáles son los plazos para la resolución de los procedimientos administrativos?
La Ley 39/2015 establece plazos máximos para la resolución de los procedimientos administrativos, garantizando así la agilidad y la eficiencia en la tramitación administrativa.
6. ¿Qué es el recurso de alzada?
El recurso de alzada permite a los interesados impugnar los actos administrativos ante el órgano jerárquicamente superior. Se establecen requisitos y plazos para interponer este recurso.
7. ¿Cómo se reclaman indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas?
La ley establece los requisitos y procedimientos para reclamar indemnizaciones por daños causados por la actuación de la Administración. Se establecen plazos y se regula el proceso de resolución y pago de las indemnizaciones.
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