Derecho Constitucional En España

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principio de igualdad

principio de igualdad

La Ley Orgánica sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres establece medidas para promover la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y establece la obligación de los poderes públicos de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. La ley se basa en el principio de transversalidad de la igualdad, que implica que el principio de igualdad debe integrarse en todas las políticas y acciones de los poderes públicos. La ley incorpora directivas de la Unión Europea en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, así como en el acceso a bienes y servicios. La ley establece medidas para combatir la discriminación por razón de sexo y promover la igualdad real, como la adopción de acciones positivas y la eliminación de obstáculos y estereotipos sociales. Se establecen criterios de actuación para los poderes públicos, se promueve la igualdad en políticas como la educativa, la sanitaria, la artística y cultural, la de la sociedad de la información, la de desarrollo rural y la de vivienda, deporte, cultura, ordenación del territorio y cooperación internacional para el desarrollo. Se establecen instrumentos como un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, una Comisión Interministerial de Igualdad, informes de impacto de género y evaluaciones periódicas sobre la efectividad del principio de igualdad. La ley también establece medidas para promover la igualdad en las empresas privadas, como la contratación y las subvenciones públicas, y en los consejos de administración. En el ámbito laboral, se establecen medidas para garantizar la igualdad en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesional, así como en las condiciones de trabajo. Se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se fomenta la corresponsabilidad en las obligaciones familiares y se establece el deber de negociar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores. Se establecen medidas específicas para los procesos de selección y la provisión de puestos de trabajo en la Administración General del Estado, así como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas. En el ámbito de la participación política, se establece el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos y cargos de responsabilidad, y se introducen modificaciones en la normativa electoral para garantizar una representación equilibrada. La ley se estructura en un título preliminar, ocho títulos, treinta y una disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. Establece el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, define los conceptos y categorías jurídicas básicas relacionadas con la igualdad, establece las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias y garantiza la protección judicial del derecho de igualdad. Establece pautas generales de actuación de los poderes públicos, define el principio de transversalidad, establece instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas, y promueve la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y los nombramientos realizados por los poderes públicos. Establece criterios de orientación de las políticas públicas en materia de educación, cultura, sanidad, sociedad de la información, desarrollo rural y vivienda, deporte, cultura, ordenación del territorio y cooperación internacional para el desarrollo. Establece medidas de fomento de la igualdad en los medios de comunicación social, regula el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, establece medidas de igualdad en el empleo público, en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y garantiza la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Promueve la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por parte de las empresas en materia de igualdad, establece disposiciones organizativas y crea una Comisión Interministerial de Igualdad y un Consejo de participación de la mujer.

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tutela judicial efectiva

tutela judicial efectiva

El artículo 24 de la Constitución Española garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, que implica la protección de los derechos e intereses legítimos de todas las personas a través de los jueces y tribunales. Este derecho fundamental asegura un proceso justo y con todas las garantías procesales, incluyendo el acceso a la justicia, una respuesta motivada por parte de los jueces y tribunales, la posibilidad de recurrir el fallo y la ejecución de las decisiones judiciales. Se aplica tanto a ciudadanos españoles como extranjeros que vean vulnerados sus derechos o intereses.

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recurso de amparo

recurso de amparo

El recurso de amparo en España se puede interponer contra disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vías de hecho de los poderes públicos que vulneren los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Existen tres modalidades de recurso de amparo y están legitimados para interponerlo cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Es necesario haber agotado la vía judicial previa y cumplir con los plazos establecidos. La demanda se presenta ante el Tribunal Constitucional, y en caso de ser admitida, se dictará una sentencia que otorgará o denegará el amparo solicitado.

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ciudadania

ciudadania

La ciudadanía es el estatus legal y político de una persona en relación con un país o comunidad política. Implica derechos y responsabilidades específicas, así como participación activa en la vida cívica y política. Puede adquirirse por nacimiento, descendencia, matrimonio o naturalización, y varía según el país. Los ciudadanos tienen derechos fundamentales y responsabilidades, como obedecer las leyes y participar en el proceso democrático. Es un vínculo emocional, cultural e identidad legal y política.

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bien comun

bien comun

El bien común es aquel concepto que busca el beneficio de todos los ciudadanos o de la comunidad en general. Puede ser entendido desde diferentes perspectivas, como la económica, social y filosófica. Tiene características como derivar de la naturaleza humana, ser superior a cualquier individuo y requerir la colaboración de todos. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas debido a su potencial de conducir a una dictadura y a la dificultad de determinar cuál es el ideal del bien común.

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principio de seguridad juridica

principio de seguridad juridica

El principio de seguridad jurídica busca garantizar la certeza y estabilidad en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, puede ser restringido en ciertas circunstancias para preservar la paz social. Para contrarrestar amenazas como la mala técnica normativa y la inestabilidad exagerada, es necesario disminuir el número de leyes y mejorar su calidad técnica, teniendo en cuenta los principios y valores para compatibilizar la estabilidad con el progreso y el cambio social.

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principio de subsidiariedad

principio de subsidiariedad

El principio de subsidiariedad establece que las decisiones deben tomarse a nivel más cercano al ciudadano, ya sea a nivel local, regional o nacional. En el ámbito de la Unión Europea, este principio protege la capacidad de decisión de los Estados miembros y se aplica cuando los objetivos de una acción no pueden ser alcanzados de manera suficiente a nivel nacional. Además, el principio de subsidiariedad también se aplica en otros ámbitos, como el local, para determinar cuándo es preferible que las decisiones se tomen a nivel municipal o de las autoridades locales.

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derecho positivo 2

derecho positivo

El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, que pueden estar vigentes o no. Se considera derecho positivo a todas las normas jurídicas escritas, no solo a las leyes. A diferencia del derecho natural y consuetudinario, el derecho positivo es impuesto colectivamente para normar la convivencia, sancionado por las instituciones del Estado. El concepto de derecho positivo se basa en el iuspositivismo, que considera que el único derecho válido es el creado por el ser humano. El derecho positivo descansa en la teoría del normativismo y se estructura según una jerarquía de normas. Existen corrientes jurídicas que no excluyen el derecho natural, pero consideran que el derecho positivo debe obedecer a estos principios para ser justo y legítimo. El positivismo jurídico se divide en formalista y sociológico, y su concepción abarca un solo derecho, el derecho positivo. En cambio, el iusnaturalismo sostiene la existencia de dos derechos: el derecho positivo y el derecho natural.

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derecho constitucional 2

derecho constitucional

El derecho constitucional se ocupa del estudio de las leyes fundamentales de un Estado, incluyendo la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos. Se basa en principios como la división de poderes, el estado de derecho, la soberanía nacional y los derechos fundamentales. Además, abarca aspectos como la estabilidad constitucional, la supremacía constitucional, la rigidez constitucional, el control de constitucionalidad y control de convencionalidad, y la resolución de conflictos normativos.

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consejo general del poder judicial

consejo general del poder judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del poder judicial en España. Su función principal es garantizar la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Está compuesto por 20 miembros, elegidos por diferentes instituciones y colectivos. El CGPJ tiene diversas funciones, como el nombramiento y promoción de jueces, la disciplina judicial, la administración y gobierno del poder judicial, las relaciones internacionales y la defensa de la independencia judicial. Su buen funcionamiento es fundamental para garantizar el Estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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principio de legalidad 2

principio de legalidad

El principio de legalidad es fundamental en los estados de derecho modernos, estableciendo que todo ejercicio del poder público debe estar en conformidad con la ley vigente y su jurisdicción. Es considerado la "regla de oro" del derecho público y es esencial para garantizar la seguridad jurídica. Además, está estrechamente relacionado con la reserva de ley, que implica regular ciertas materias con normas de rango legal y no mediante reglamentos o normativas del poder ejecutivo. Esta relación se encuentra presente en el ordenamiento jurídico y se trata de manera especial en el derecho constitucional, administrativo, tributario y penal.

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irretroactividad 2

irretroactividad

El principio de irretroactividad en el Derecho español establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Este principio garantiza la justicia y equidad en el sistema legal, protege los derechos individuales y evita la imposición de sanciones injustas. Sin embargo, existen excepciones limitadas en las que las leyes pueden tener efectos retroactivos si así se establece expresamente.

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jerarquia normativa

jerarquia normativa

El ordenamiento jurídico en España se organiza según el principio de jerarquía normativa. La Constitución Española es la norma suprema, seguida de los reglamentos y directivas de la Unión Europea. Las leyes emanadas de las Cortes Generales ocupan el siguiente nivel, seguidas de las normas con rango de ley dictadas por el poder ejecutivo. Los reglamentos dictados por el Gobierno, las leyes y reglamentos de las comunidades autónomas, y las disposiciones de las entidades locales completan la jerarquía. Es importante respetar esta jerarquía para garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico.

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tribunal supremo

tribunal supremo

El Tribunal Supremo en España es el órgano judicial más alto, encargado de garantizar la unidad de interpretación y aplicación de las leyes. Además, tiene competencia para conocer de recursos de casación y revisión, unificar la jurisprudencia y resolver conflictos de competencia entre tribunales. Es un órgano independiente e imparcial, fundamental en la protección de los derechos fundamentales y en la interpretación de la Constitución. Su función es garantizar la correcta aplicación de la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos.

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recurso de inconstitucionalidad

recurso de inconstitucionalidad

El recurso de inconstitucionalidad es un proceso a través del cual el Tribunal Constitucional enjuicia la conformidad de las leyes y actos con la Constitución. Pueden ser objeto de este recurso diversas normativas y actos de los poderes públicos. Están legitimados para interponerlo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, Diputados y Senadores. El recurso debe interponerse en un plazo de tres meses y una vez admitido, se da traslado a los órganos correspondientes para presentar alegaciones. Las sentencias tienen valor de cosa juzgada y producen efectos generales desde su publicación.

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